A los impuestos y aranceles que han llegado con el segundo período de Donald Trump, se suma una propuesta para gravar las remesas que inmigrantes principalmente latinoamericanos envían a sus países de orígenes.
jueves, 19 de junio de 2025
A los impuestos y aranceles que han llegado con el segundo período de Donald Trump, se suma una propuesta para gravar las remesas que inmigrantes principalmente latinoamericanos envían a sus países de orígenes.
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha propuesto un nuevo impuesto del 3,5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes no ciudadanos desde el país. Esta medida forma parte del paquete legislativo denominado «One Big Beautiful Bill», aprobado recientemente por la Cámara de Representantes y actualmente en espera de votación en el Senado.
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El impuesto afectaría a inmigrantes indocumentados, titulares de visas temporales como H-1B, H-2A y H-2B, y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales estarían exentos, siempre que utilicen proveedores de remesas calificados que verifiquen su estatus migratorio.
Inicialmente, se propuso un impuesto del 5%, pero tras presiones de diversos grupos, se redujo al 3,5%. Aun así, se estima que esta tasa podría representar un golpe económico significativo para las familias que dependen de las remesas, especialmente en países de América Latina y el Caribe.
México, por ejemplo, recibió más de 65.000 millones de dólares en remesas en 2023, representando aproximadamente el 4% de su PIB. En países como El Salvador, Guatemala y Honduras, las remesas constituyen más del 20% del PIB, por lo que el impacto de este impuesto sería aún más pronunciado.
Expertos advierten que esta medida podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, como criptomonedas o transporte físico de efectivo, aumentando los riesgos de fraude y robo.
Además, se teme que el impuesto pueda afectar negativamente la economía de las comunidades receptoras, reduciendo el consumo y la inversión local, y exacerbando las condiciones que impulsan la migración.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han calificado la medida de discriminatoria, argumentando que penaliza a trabajadores que ya contribuyen significativamente a la economía estadounidense sin acceso a muchos beneficios sociales.
El proyecto de ley también incluye otras disposiciones controvertidas, como recortes a programas sociales y beneficios fiscales para las rentas más altas, lo que ha generado críticas sobre su equidad y sostenibilidad fiscal.
Si el Senado aprueba la legislación y el presidente Trump la promulga, el impuesto entraría en vigor en 2026. Se espera que esta medida tenga repercusiones significativas tanto en Estados Unidos como en los países que dependen de las remesas.
Gobiernos de países afectados, como México, han expresado su preocupación y están evaluando posibles respuestas diplomáticas y económicas para mitigar el impacto en sus ciudadanos.
Mientras tanto, las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos están buscando alternativas para continuar apoyando a sus familias en el extranjero sin incurrir en costos adicionales o riesgos legales.
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La implementación de este impuesto podría redefinir las dinámicas de las remesas internacionales y plantea interrogantes sobre las políticas migratorias y fiscales de Estados Unidos en el contexto global.