El Supremo Tribunal de Brasil condenó a 27 años y 3 meses, al expresidente Jair Bolsonaro por las acciones golpistas llevadas a cabo el 8 de enero 2023.
viernes, 12 de septiembre de 2025
El Supremo Tribunal de Brasil condenó a 27 años y 3 meses, al expresidente Jair Bolsonaro por las acciones golpistas llevadas a cabo el 8 de enero 2023.
El 11 de septiembre de 2025 el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras encontrarlo culpable de intentar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022. Esta sentencia lo convierte en el primer expresidente brasileño condenado por amenazas contra el sistema democrático.
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Las acusaciones en su contra abarcan cinco delitos, entre los que se incluyen intento de abolir la democracia, participación en una organización criminal con tintes armados, daños a bienes públicos y culturales, incitación a la disolución del orden constitucional y a la violencia tras los comicios.
El juicio se fundamentó en pruebas como declaraciones de colaboradores, registros digitales, borradores de decretos que habrían sido preparados para anular resultados electorales, propuestas de medidas de excepción e incluso sugerencias de acciones extremas como el envenenamiento del presidente Lula Da Silva.
Bolsonaro ha rechazado todas las acusaciones, calificando el proceso como una “caza de brujas” política. Sus abogados han argumentado que aunque hubo planeamientos, estos no se tradujeron en actos consumados, lo que según la defensa, debilita los cargos de golpe, ya que algunos delitos exigen ejecución además de conspiración.
Uno de los actores más visibles en este contexto ha sido su hijo, Eduardo Bolsonaro, congresista, quien ha trasladado parte de la batalla legal y mediática hacia Estados Unidos. Eduardo ha impulsado sanciones al tribunal y a los jueces brasileños bajo leyes estadounidenses como el Magnitsky Act, buscando apoyo político y diplomático de Washington.
También Flávio Bolsonaro, otro de sus hijos, ha abogado por una ley de amnistía amplia que proteja a su padre y a otros involucrados del enjuiciamiento, especialmente de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro atacaron sedes de los tres poderes en Brasilia.
En cuanto al papel de Estados Unidos, su reacción ha sido intensa. El gobierno, bajo Donald Trump, ha denunciado el juicio como persecución política. Se impusieron aranceles del 50 % sobre ciertos productos brasileños, además de sanciones personales a al menos un magistrado del Supremo, Alexandre de Moraes, por presuntas violaciones a libertades civiles.
La Casa Blanca, por su parte, ha sido cómplice en esta presión internacional: ha emitido declaraciones criticando la actuación del tribunal brasileño, cancelado visas de jueces implicados, y promesas de sanciones adicionales si no se detiene lo que considera un abuso judicial.
Brasil, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha respondido con fuerza, afirmando que estas intervenciones son una violación de la soberanía nacional, y negando que haya persecución política, sosteniendo que las acciones se basan en hechos jurídicos probados y que el proceso judicial está garantizado conforme a la Constitución.
Internamente, la persecución judicial ha tenido consecuencias políticas concretas: Bolsonaro ya estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2030 por otra condena relacionada con abuso de poder electoral. Esta nueva sentencia profundiza su marginación política, aunque sus allegados buscan resquicios como la amnistía o apelaciones a instancias superiores.
La comunidad internacional observa con atención: organismos de derechos humanos, analistas y medios han señalado que este caso puede ser un punto de inflexión en la defensa de la democracia en América Latina. Algunos opinan que Brasil demuestra que sistemas judiciales pueden responsabilizar liderazgos fuertes cuando estos tratan de socavar instituciones democráticas.
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La condena a Jair Bolsonaro representa un momento histórico para Brasil. Entre la prueba judicial, la reacción polarizada de su familia política, la presión externa de Estados Unidos, la defensa de la soberanía brasileña y la mirada internacional, este caso marca un antes y un después en la narrativa política brasileña de los últimos años. La pregunta clave ahora es cómo estas dinámicas influirán en las elecciones de 2026, en la solidez democrática del país y si habrá capacidad de reconciliación institucional en medio de profundas divisiones.