El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado en Manila y enviado a La Haya, Países Bajos donde está siendo juzgado.
El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado en Manila y enviado a La Haya, Países Bajos donde está siendo juzgado.
El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha sido detenido y está siendo juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) debido a múltiples acusaciones de crímenes contra la humanidad relacionados con su controvertida campaña contra las drogas durante su mandato.
Durante su presidencia (2016-2022), Duterte implementó una agresiva campaña antidrogas que resultó en miles de muertes, muchas de ellas consideradas ejecuciones extrajudiciales. Por tal razón la CPI ha señalado a Duterte como presunto responsable de asesinatos sistemáticos en el contexto de su guerra contra las drogas, lo que constituye crímenes contra la humanidad.
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Desde 2017, abogados y defensores de derechos humanos presentaron denuncias ante la CPI, acusando a Duterte y a otros funcionarios de homicidios masivos y violaciones de derechos humanos. Como respuesta a estas acciones, en 2019, bajo el mandato de Duterte, Filipinas se retiró del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, en un intento de eludir la jurisdicción del tribunal sobre las acciones de su administración.
El 7 de marzo de 2025, la CPI emitió un mandato de arresto contra Duterte, acusándolo formalmente de crímenes contra la humanidad relacionados con su campaña antidrogas.
Duterte mostró resistencia durante su detención en Manila, negándose a ser fichado y amenazando con acciones legales contra las autoridades, lo que prolongó el proceso de arresto. Tras su arresto, Duterte fue trasladado a la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos, donde enfrentará los cargos en su contra.
Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, calificó la detención como una afrenta a la soberanía de Filipinas y un insulto a los ciudadanos que creen en la independencia nacional. Organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han acogido positivamente la detención, viendo en ella un avance en la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.
Este arresto marca la primera vez que un exlíder de un país asiático es detenido por la CPI, estableciendo un precedente en la región respecto a la responsabilidad internacional.
En un mensaje grabado durante su traslado, Duterte expresó su disposición a asumir responsabilidad por las acciones tomadas bajo su liderazgo, reiterando su intención de proteger a las fuerzas del orden y militares.
A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, la CPI mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos hasta esa fecha, abarcando gran parte del mandato de Duterte.
Evidencia documental: Informes y documentos presentados ante la CPI detallan la existencia de escuadrones de la muerte en Dávao, vinculados a Duterte desde la década de 1990, responsables de numerosos asesinatos.
Impacto en la política interna: La detención de Duterte ha generado debates en Filipinas sobre la soberanía nacional y la cooperación con organismos internacionales en materia de justicia.
La CPI programará audiencias para determinar si hay suficientes pruebas para llevar a cabo un juicio completo contra Duterte por los cargos de crímenes contra la humanidad.
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La detención y posible juicio de Rodrigo Duterte representan un momento crucial en la lucha contra la impunidad y la promoción de los derechos humanos a nivel global.