Exintegrantes del último Secretariado de las Farc reconocieron ante la JEP el reclutamiento de menores, violencias sexuales y abortos forzados durante el conflicto armado colombiano. Las declaraciones marcan un paso clave en el proceso de verdad y reparación a las víctimas.
En una comparecencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), exintegrantes del último Secretariado de las antiguas Farc admitieron oficialmente que dentro de la organización guerrillera existió durante años una política sistemática de reclutamiento de menores de edad, así como graves hechos de violencia sexual, abortos forzados y tratos crueles contra niñas y adolescentes en medio del conflicto armado colombiano.
El reconocimiento se produjo en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en la guerra, considerado uno de los expedientes más sensibles del sistema de justicia transicional.
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Durante la audiencia, Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante de la extinta guerrilla, afirmó que aceptar estos hechos ha sido un proceso “difícil y doloroso”, resultado de años de reflexión interna.
El exjefe insurgente reconoció que el reclutamiento infantil nunca debió ocurrir y pidió perdón a las víctimas directas e indirectas, así como al conjunto de la sociedad colombiana.
Según expresó, miles de menores fueron incorporados a las filas armadas, perdiendo sus proyectos de vida y siendo expuestos permanentemente a escenarios de violencia extrema. Londoño admitió además que las niñas fueron particularmente afectadas por violencias sexuales, planificación obligatoria y abortos forzados.
Por su parte, Pastor Alape reconoció que dentro de la organización se registraron prácticas que vulneraron gravemente la dignidad e integridad de menores reclutados.
El excomandante aceptó que existieron omisiones de mando, señalando que la dirigencia no implementó mecanismos eficaces para proteger a niños y niñas ni actuó con suficiente contundencia para evitar hechos de violencia sexual.
En la misma línea, Milton de Jesús Toncel admitió que el reclutamiento infantil fue una decisión adoptada por la dirigencia guerrillera y calificó dicha práctica como una equivocación que truncó el presente y futuro de cientos de menores.
Durante la diligencia judicial, Jaime Alberto Parra Rodríguez asumió responsabilidad en la formulación e implementación de políticas internas de planificación que terminaron afectando principalmente a mujeres combatientes.
Reconoció que se realizaron interrupciones de embarazo sin consentimiento libre y voluntario, hechos que hoy son investigados como graves violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de guerra.
A su turno, Julián Gallo Cubillos confirmó que existió una política de reclutamiento de menores de 18 años, incluyendo casos de niños menores de 15, quienes fueron sometidos directamente a la confrontación armada sin medidas diferenciales de protección.
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Tras las intervenciones, la magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, señaló que la Sala de Reconocimiento acoge estas declaraciones como un punto de partida para avanzar hacia procesos restaurativos directos con las víctimas.
La funcionaria explicó que dichos encuentros se desarrollarán bajo estrictas garantías de seguridad, intimidad y protección, debido a la sensibilidad de los hechos investigados, que involucran violencias sufridas por víctimas cuando eran menores de edad y, en muchos casos, relacionadas con violencia de género.
La JEP reiteró que el proceso judicial seguirá su curso con el objetivo de garantizar la centralidad de las víctimas, el esclarecimiento pleno de la verdad y el cumplimiento efectivo de sus derechos.
El tribunal de paz busca que los crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado colombiano no queden en la impunidad y contribuyan a la construcción de memoria, reparación y no repetición en el país.
Este reconocimiento público representa uno de los momentos más relevantes dentro del sistema de justicia transicional colombiano, al establecer responsabilidades directas de la antigua dirigencia guerrillera frente a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante décadas de confrontación armada.
#Atención | Exmiembros del último secretariado de las extintas Farc-EP hacen manifestaciones de perdón, de arrepentimiento y de reconocimiento de responsabilidad por graves crímenes relacionados con el reclutamiento de niñas y niños, investigados en el #Caso07.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 2, 2026
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