Para los familiares de los 11 diputados del Valle asesinados en cautiverio en 2007, la decisión de la JEP no responde a las expectativas de justicia, verdad y reparación.
domingo, 21 de septiembre de 2025
Para los familiares de los 11 diputados del Valle asesinados en cautiverio en 2007, la decisión de la JEP no responde a las expectativas de justicia, verdad y reparación.
Algunas de las familias de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados en Cali en abril de 2002 y posteriormente asesinados por la entonces guerrilla de las Farc, anunciaron la apelación de la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de los exintegrantes del último Secretariado de esa organización insurgente.
La decisión fue presentada por la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varios de los familiares de las víctimas. Según la organización, aunque los excomandantes de las Farc han reconocido su responsabilidad en los crímenes de secuestro y homicidio, la sentencia emitida por la JEP no cumple con los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en 2016 ni con los estándares internacionales en materia de justicia restaurativa.
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El recurso señala que la decisión judicial presenta “graves deficiencias”, entre ellas la limitada participación de las víctimas en el diseño de sanciones restaurativas, la falta de proporcionalidad de las medidas frente al daño causado, la ausencia de garantías sólidas de no repetición y la carencia de una verdad plena, exhaustiva y detallada sobre los hechos.
Las familias reclaman que la primera sentencia del tribunal de paz sea revocada y reemplazada por una nueva decisión que incorpore los parámetros establecidos en el Acuerdo Final y las directrices de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Las víctimas hemos sido desconocidas en aspectos fundamentales del proceso. Pedimos que se adopten sanciones proporcionales al sufrimiento causado y que se aseguren garantías reales de no repetición”, manifestó la fundación a través de un comunicado.
El llamado también se extendió a otras víctimas del conflicto armado colombiano, a quienes se invitó a unirse en la búsqueda de justicia internacional y acudir a la CPI como mecanismo de protección frente a crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos que, según denunciaron, persisten en la impunidad.
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La sentencia de la JEP, conocida el pasado 16 de septiembre, responsabilizó a los excomandantes Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La resolución representó un hito en los procesos de esa jurisdicción, al tratarse de la primera sanción contra el antiguo Secretariado de las Farc por secuestros cometidos durante el conflicto armado.
No obstante, para los familiares de los 11 diputados del Valle asesinados en cautiverio en 2007, la decisión judicial no responde a las expectativas de justicia, verdad y reparación que se fijaron en el Acuerdo de Paz.
#Comunicado: Desde la Fundación Defensa de Inocentes nos permitimos informar que presentamos apelación a la sentencia emitida por la JEP contra el secretariado de las Farc https://t.co/ncfWWw7FAO pic.twitter.com/zx8U48Tvhi
— Fundación Defensa de Inocentes (@dfinocentes) September 19, 2025