La apertura de la indagación por parte de la Fiscalía se suma a otras acciones de control iniciadas en las últimas semanas.
La apertura de la indagación por parte de la Fiscalía se suma a otras acciones de control iniciadas en las últimas semanas.

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar para establecer posibles omisiones o fallas en los protocolos de las Fuerzas Militares durante cuatro bombardeos ejecutados en los últimos meses contra estructuras de las disidencias de las Farc, operaciones que dejaron 15 menores de edad muertos, según informó el Instituto Nacional de Medicina Legal.
La decisión se tomó luego de que Medicina Legal entregara el reporte oficial de víctimas entre agosto y octubre en Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare, en operativos ordenados por el presidente Gustavo Petro. El informe confirmó la muerte de 15 menores, tres más de los que inicialmente había reportado el mandatario.
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La Fiscalía adelantará la indagación en tres frentes:
El primero estará a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que verificará los hallazgos e incautaciones realizados en los campamentos atacados, así como las acciones previas de inteligencia y asalto terrestre que antecedieron los bombardeos.
El segundo frente será liderado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que evaluará si durante las cuatro operaciones se cumplieron los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El objetivo es establecer si hubo omisiones o fallas que contribuyeran a la muerte de menores de edad, considerados población protegida en el marco del conflicto armado.
El tercer componente de la investigación se centrará en la conducta de las propias disidencias de las Farc, específicamente en el reclutamiento forzado de menores, práctica reiterada por el grupo armado. Según la Defensoría del Pueblo, la estructura comandada por alias ‘Iván Mordisco’ es actualmente la principal responsable de este delito, con 162 casos reportados en lo corrido del año.
La apertura de la indagación por parte de la Fiscalía se suma a otras acciones de control iniciadas en las últimas semanas. El 17 de noviembre, la Justicia Penal Militar y Policial inició una investigación sobre el operativo realizado el 10 de noviembre en Calamar (Guaviare). La información recopilada será remitida a la Fiscalía para su análisis dentro del expediente principal.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación abrió cinco indagaciones previas de carácter disciplinario para determinar si hubo faltas u omisiones de funcionarios durante los bombardeos recientes. Las conclusiones podrían derivar en sanciones administrativas.
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enfrenta una moción de censura en el Congreso por estos hechos y por las decisiones operacionales adoptadas en los últimos meses.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró este 19 de noviembre que la entidad no ha recibido la información solicitada sobre las evaluaciones previas a las operaciones. Además, pidió al presidente Gustavo Petro suspender los bombardeos que puedan poner en riesgo a población menor de edad y considerar alternativas como el fortalecimiento de la inteligencia o las capturas selectivas.
Pese a los cuestionamientos, el presidente Petro ha mantenido su posición: afirmó que los bombardeos continuarán, argumentando que suspenderlos permitiría a las disidencias expandir sus operaciones criminales y consolidar control territorial.
La indagación preliminar busca esclarecer responsabilidades y determinar si existieron irregularidades en la planeación o ejecución de los operativos militares, en un contexto de creciente presión de organismos de control, entidades de derechos humanos y sectores políticos.