La Fiscalía imputará al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en la seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado en junio.
La Fiscalía imputará al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en la seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado en junio.

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en materia de seguridad relacionadas con el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El llamado a responder es de alto impacto político, ya que Rodríguez forma parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, convirtiéndose en la primera autoridad estatal procesada penalmente por este crimen.
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Según el ente acusador, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá solicitó audiencia de imputación contra Rodríguez como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión.
De acuerdo con la Fiscalía, el director de la UNP no habría atendido reiterados llamados para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del entonces precandidato del Centro Democrático, pese a los riesgos advertidos.
Las falencias en la protección de líderes políticos han sido uno de los principales cuestionamientos a la gestión de Rodríguez al frente de la UNP. Exintegrante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y cercano al presidente Petro, Rodríguez también fue protagonista de tensiones internas en el Gobierno, especialmente por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño.
Tras el asesinato de Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio del año pasado, se abrió un intenso debate público sobre el nivel de protección que recibió el precandidato, discusión que ahora se traduce en responsabilidades penales.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, ha sostenido desde el inicio que existió responsabilidad estatal en el crimen.
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Mosquera recordó que un juez concluyó que no se brindó la protección adecuada al precandidato y que, en al menos 10 ocasiones, se omitieron medidas de seguridad solicitadas.
“El juez consideró que efectivamente a Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección necesaria y que hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad”, afirmó el penalista.
Miguel Uribe Turbay fue atacado a bala durante un mitin político en el parque El Golfito, en Bogotá. Un menor de 15 años le disparó con una pistola Glock calibre 9 milímetros, impactándolo en la cabeza y una pierna.
El dirigente político fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento, ocurrido el 11 de agosto, a los 39 años.
Las investigaciones iniciales señalaron como principales responsables a disidentes de la Segunda Marquetalia.
Con la imputación a Augusto Rodríguez, ya son diez las personas llamadas a responder penalmente por este magnicidio. Entre ellas figuran el sicario Carlos Eduardo Mora y otros implicados como Elder José Arteaga, Cristian Camilo González, Katerine Martínez, Simeón Pérez, Jhorman David Mora, William Fernando González y Harold Daniel Barragán.
La mayoría de los capturados ha negociado preacuerdos con la Fiscalía, aceptando cargos a cambio de rebajas de pena, lo que ha abierto un debate sobre el alcance de la verdad judicial y la identificación de los autores intelectuales del crimen.
La imputación contra el director de la UNP marca un precedente histórico en la investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay y reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de candidatos políticos en Colombia, especialmente en contextos de alto riesgo.
La Fiscalía General (@FiscaliaCol), imputará cargos el próximo 11 de febrero contra el director de la Unidad Nacional de Protección (@UNPColombia), Augusto Rodríguez, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 19, 2026