Los yacimientos de minería ilegal fueron encontrados en zonas rurales de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato (Chocó).
viernes, 9 de enero de 2026
Los yacimientos de minería ilegal fueron encontrados en zonas rurales de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato (Chocó).
En una operación conjunta, tropas del Ejército Nacional de Colombia y unidades de la Policía Nacional de Colombia destruyeron 36 unidades empleadas en minería ilegal en zonas rurales de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. De acuerdo con las autoridades, la infraestructura pertenecía al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Jhon Fredy Orejuela.
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Durante la intervención fueron inutilizadas nueve dragas tipo buzo y 27 motores, equipos utilizados para la extracción ilícita de oro en la región. La acción se desarrolló en el marco del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho Plus, orientado a contrarrestar la explotación ilegal de yacimientos mineros y a mitigar el impacto ambiental asociado a estas actividades.
Según el balance oficial, el golpe representa una afectación económica superior a los 600 millones de pesos para la organización criminal por la pérdida de la maquinaria. Además, las autoridades estiman que se evitó la extracción de cerca de 4.000 gramos de oro mensuales, lo que habría generado ingresos ilegales cercanos a los 2.000 millones de pesos.
El comandante de la Brigada 15 del Ejército, el brigadier general William Fernando Caicedo, señaló que la institución mantendrá el trabajo coordinado con la Policía para adelantar operaciones que “ataquen todas las actividades ilícitas de estas estructuras en el departamento del Chocó”.
La región enfrenta un recrudecimiento del conflicto armado en el último año, producto de la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo, confrontación asociada al control de economías ilegales como la minería ilícita, el narcotráfico, los cultivos de coca y la migración irregular.
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Este escenario ha derivado en varios paros armados atribuidos al ELN durante el año pasado, en medio de su intento por expandir su influencia y frenar el avance de otras estructuras armadas, incluidas disidencias de las Farc. La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre los riesgos humanitarios y el interés de estos grupos en apropiarse de las economías ilegales que operan en la región.