La decisión de 16 gobernadores de no aplicar en sus departamentos varios impuestos creados por el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional abrió una fuerte controversia institucional en el país
sábado, 17 de enero de 2026
La decisión de 16 gobernadores de no aplicar en sus departamentos varios impuestos creados por el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional abrió una fuerte controversia institucional en el país
Dieciseis de los treinta y dos gobernadores de Colombia anunciaron su decisión de no implementar varias medidas tributarias del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro a fines de diciembre de 2025, en especial los impuestos al consumo como el aumento del IVA y del impoconsumo.
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Esta postura fue adoptada en una reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la que los mandatarios expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas tendrían en las finanzas territoriales y en la autonomía fiscal de los departamentos.
Los gobernadores que anunciaron la medida argumentan que el decreto pone en riesgo la sostenibilidad financiera de sus administraciones y amenaza recursos destinados a servicios esenciales como salud, educación y deporte, al destinar mayores ingresos a la Nación en vez de mantenerlos en las regiones.
Entre los gobernadores que manifestaron su propósito de no aplicar las medidas tributarias están Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Adriana Magali Matiz (Tolima), Andrés Julián Rendón (Antioquia), Luis Francisco Ruiz (Caquetá), Luis Alfonso Escobar (Nariño), el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y otros de Atlántico, Chocó, Risaralda, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, Caldas, San Andrés y Quindío. Aunque al final, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño decidió acatar el decreto.
Estos gobernadores han expresado su intención de presentar acciones jurídicas, incluidas excepciones de inconstitucionalidad y tutelas, ante la Corte Constitucional, para que esta entidad analice de fondo la constitucionalidad del decreto de emergencia económica y de sus componentes tributarios.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido particularmente enfático al afirmar que su departamento inaplicará el decreto en lo relativo al componente tributario hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, bajo el argumento de que la medida podría vulnerar los principios de autonomía y sostenibilidad fiscal territorial.
Aunque 16 gobernadores rechazaron aplicar los impuestos, esto no significa que todos los mandatarios regionales comparten esa postura. Gobernadores de otros departamentos han indicado que sí respetarán el decreto y permanecerán a la espera de la decisión de la Corte Constitucional o de los acuerdos que resulten de mesas técnicas con el Gobierno.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha insistido en que el decreto no pone en riesgo las finanzas territoriales y que se mantiene el recaudo y la administración de recursos por parte de los departamentos bajo principios de colaboración armónica.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión de los gobernadores calificándola de “mal ejemplo” y advirtió que la Corte Constitucional es la entidad competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de emergencia económica y que invocar la no aplicación de una norma sin el pronunciamiento de la Corte puede representar una usurpación de funciones.
La Corte Constitucional de Colombia es la entidad encargada de determinar si normas como el decreto de emergencia económica son compatibles con la Constitución Política, especialmente cuando se alegan violaciones a principios como la autonomía territorial, la igualdad, la proporcionalidad o la afectación de derechos fundamentales.
Los gobernadores han conformado una comisión representativa para solicitar formalmente ante la Corte Constitucional no solo la revisión del decreto, sino también la intervención de los efectos negativos que, según ellos, tendría para las finanzas regionales y la prestación de servicios esenciales.
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Esta confrontación entre mandatarios regionales y el Gobierno Nacional evidencia una tensión institucional inédita en el país, que no solo tiene implicaciones fiscales, sino también políticas, ya que ocurre en medio de un clima de polarización antes de las elecciones legislativas y presidenciales, y plantea preguntas profundas sobre el alcance de los decretos de emergencia y la distribución de competencias fiscales.