Con el decreto de austeridad, el Ejecutivo busca mitigar el impacto fiscal por el rechazo del Congreso a la Ley de Financiamiento.
Con el decreto de austeridad, el Ejecutivo busca mitigar el impacto fiscal por el rechazo del Congreso a la Ley de Financiamiento.
La estrategia comprende: un decreto de austeridad en el gasto, con el que se busca un ahorro entre 4 y 5 billones de pesos; una nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno al Legislativo próximamente, o un recorte efectivo de presupuesto. Sobre el proyecto de decreto de austeridad, publicado en la página del Ministerio de Hacienda para comentarios hasta el próximo 25 de enero, esto dijo el Director de Presupuesto, Jairo Alfonso Bautista.
El decreto de austeridad en el gasto busca que las entidades que se financian con el Presupuesto General de la Nación hagan un uso mucho más racional de los recursos, que eliminen ineficiencias y duplicidades en el gasto, y que permita reducir la presión del gasto entre 4 y 5 billones de pesos. El valor final de ahorro solamente se determinará cuando las entidades hagan una propuesta formal de presupuesto.
Te puede interesar: Gobierno busca fortalecer la lucha contra la corrupción en las regiones
Todos los años se hace un proyecto de austeridad, pero esta vez hay altísimas restricciones presupuestales por la negación de la Ley de Financiamiento, lo que genera una presión mayor para hacer una reducción de gastos y maniobrar la situación fiscal. La nómina cubre los gastos de personal de planta, mientras que los contratos de prestación de servicios son vinculaciones sin relación salarial ni de dependencia laboral.
Dentro de las estrategias de ahorro se incluyen las reestructuraciones de plantas a costo cero, la reducción de gastos en arrendamientos, ampliación o remodelación de edificios, consultorías, funcionamiento cotidiano, publicidad, impresiones y desplazamientos. Estas medidas buscan reducir el gasto sin afectar la operación básica de las entidades públicas.
Un problema identificado es que algunas entidades tienen muchos contratistas, mientras que otras hacen un uso más racional de este mecanismo. Hay entidades con plantas de personal muy pequeñas que requieren un gran contingente de contratistas, y otras que, aun teniendo una planta fuerte, mantienen un gran número de contratistas. Todavía es preliminar saber cuántos contratos no se renovarán.
El año pasado se realizó un ejercicio con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que arrojó un total de 1’335.000 funcionarios de planta, de los cuales el 55 % corresponde a Defensa y Policía. Además, hay alrededor de 400 mil profesores en educación básica y superior. El resto son funcionarios del Estado y contratistas.
Para cubrir los 12 billones de pesos necesarios, se optó por no recortar las partidas de entrada, sino aplazar distintas partidas del presupuesto, con la expectativa de conseguir recursos a través de una potencial reforma tributaria, que será presentada al Congreso en breve.
Te puede interesar: En el CESPO, el gabinete ministerial evaluó la producción agropecuaria
Adicionalmente, se evaluará la posibilidad de hacer una reasignación de recursos en el tiempo, es decir, una reprogramación de vigencias futuras. Si no se logra éxito con estas medidas, antes de que termine junio será necesario hacer un recorte efectivo de 12 billones de pesos. La estimación es que se logrará entre un 60 % y 80 % del ahorro, dependiendo del rigor en el seguimiento de estas medidas.
Además de las medidas mencionadas por el Director de Presupuesto, el proyecto de decreto contempla otras reducciones del gasto:
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Si tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escríbanos a: editor@doomoeditorial.com.co