Gobierno creó Sistema de Defensa Jurídica del Estado

La norma desarrolla la implementación de la Ley 2294 de 2023, que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. En su artículo 206, se estipula la creación de un sistema que permita definir “políticas, estrategias, principios, normas, rutas de articulación e instrumentos jurídicos, técnicos, financieros y gerenciales” para fortalecer la defensa jurídica del Estado de manera eficaz y coordinada.

El nuevo marco normativo, según la norma, estará bajo la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que asumirá el liderazgo del Sistema. Su implementación se basará en un enfoque territorial, permitiendo a la Agencia colaborar estrechamente con las entidades locales a través de un proceso gradual y progresivo de asesoría y fortalecimiento en la gestión de su carga litigiosa.

Te puede interesar: Presidente Petro participará en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025

Este acompañamiento asegurará que las administraciones locales dispongan de herramientas efectivas para mejorar la toma de decisiones y optimizar su defensa en procesos judiciales. Además, contribuirá al fortalecimiento institucional de las entidades públicas, consolidando sus capacidades en defensa jurídica.

El primer paso en la ejecución del SDJE, según la ANDJE, será la centralización de la información sobre litigios territoriales en el Sistema eKOGUI. Esta plataforma permitirá a las entidades gestionar de manera eficiente el control de casos, acceder a expedientes, aplicar metodologías de valoración del riesgo y generar reportes, facilitando así la creación de conocimiento estratégico para la toma de decisiones.

Te puede interesar: Angie Lizeth Rodríguez asumió como directora (e) del DAPRE

Según la Agencia, la implementación del SDJE representa un paso hacia una gestión pública más eficiente, preventiva y articulada, en beneficio de toda la ciudadanía colombiana actuando de manera coordina para:

1. Optimizar las condiciones y calidades de los abogados defensores del Estado, promoviendo formación y actualización continua.
2. Establecer estándares de gestión eficiente en la defensa jurídica estatal.
3. Reducir el impacto fiscal derivado de la litigiosidad, evitando gastos correspondientes a indemnizaciones y otras obligaciones judiciales que afectan el presupuesto público.
4. Mejorar sus procesos de toma de decisiones con base en datos precisos y actualizados.
5. Desarrollar respuestas oportunas y efectivas según el nivel de riesgo procesal de cada caso.
6. Formular políticas de prevención que reduzcan la litigiosidad, y permitan la inversión eficiente de los recursos públicos en proyectos prioritarios para las comunidades.

Con la expedición del Decreto 104 del 28 de enero de 2025, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos y la mejora de la capacidad de respuesta de las entidades frente a los procesos judiciales en su contra.