El Gobierno anunció que presentará denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas a quienes acusa de promover conductas contrarias a la soberanía nacional
miércoles, 7 de enero de 2026
El Gobierno anunció que presentará denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas a quienes acusa de promover conductas contrarias a la soberanía nacional
El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas por supuestas conductas que, en su criterio, promueven acciones contrarias a la soberanía y la integridad territorial del país.
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Sanguino indicó que esta decisión se produce en un contexto de alta tensión interna tras recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, y que algunos pronunciamientos de legisladores podrían exceder el marco de la libertad de expresión y constituir delitos.
Entre los congresistas señalados por el ministro se encuentran el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, quienes han sido mencionados por sus publicaciones en redes sociales.
Sanguino explicó que las actuaciones atribuidas a estos legisladores podrían encuadrarse en delitos contemplados en el Código Penal colombiano, como el menoscabo de la integridad nacional (artículo 455) o la participación en hostilidades contra la patria (artículo 458), si sus expresiones incitan hostilidades o llamados a intervenciones militares.
El ministro subrayó que, a su juicio, llamar a invasiones o promover hostilidades contra Colombia no puede considerarse una simple opinión política, especialmente cuando proviene de congresistas que juraron defender la Constitución y el orden jurídico.
Según Sanguino, la libertad de expresión no puede amparar lo que él considera “traición a la patria”, por lo que aquellos servidores públicos que promuevan acciones contrarias a la soberanía nacional deben responder ante la justicia.
El anuncio se dio luego de que se difundieran declaraciones públicas y mensajes en redes sociales en los que algunos de los señalados habrían formulado expresiones interpretadas como apoyo a intervenciones extranjeras o críticas hostiles en contra del Estado colombiano y su presidente.
La denuncia implica que la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de órgano competente para investigar a miembros del Congreso, deberá evaluar si los hechos denunciados ameritan iniciar una investigación formal.
El proceso ante la Corte Suprema no es automático; primero el alto tribunal tiene que determinar si existen méritos suficientes para que se abra una investigación penal con base en las conductas atribuidas a los legisladores acusados.
El ministro ha enfatizado que este tipo de pronunciamientos son especialmente graves cuando provienen de dirigentes políticos, porque estos tienen, según él, la obligación constitucional de defender el orden jurídico, la soberanía nacional y la unidad del país.
La acción también responde, según el propio funcionario, a la necesidad de proteger la integridad territorial de Colombia frente a situaciones que él considera “hostiles” o que puedan incitar a intervenciones externas, derivadas de pronunciamientos de figuras públicas.
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Este anuncio se ha convertido en un tema de debate político en Colombia, en un contexto en el que se discute hasta qué punto la expresión de opiniones en redes sociales por parte de congresistas puede o no constituir una conducta punible frente a la justicia penal.