El decreto, que ha generado amplias reacciones políticas, permitirá que estos recursos puedan ser fallados por jueces de circuito ordinarios.
martes, 15 de julio de 2025
El decreto, que ha generado amplias reacciones políticas, permitirá que estos recursos puedan ser fallados por jueces de circuito ordinarios.
El Gobierno nacional, bajo la dirección del recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó el Decreto 0799 de julio de 2025, con el que se elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer, en primera instancia, las tutelas interpuestas contra el presidente Gustavo Petro.
La medida, que ha generado amplias reacciones políticas, permitirá que estos recursos puedan ser fallados por jueces de circuito ordinarios, lo que ha sido interpretado por sectores de oposición como un intento de debilitar el control judicial sobre el Ejecutivo.
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Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien anunció que demandará el decreto ante la justicia. “Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de derecho”, afirmó la congresista en su cuenta de X (antes Twitter).
Según Cabal, la decisión implica que las tutelas contra el jefe de Estado —incluidas aquellas relacionadas con temas sensibles como seguridad nacional y cultivos ilícitos— ya no serán evaluadas por el Consejo de Estado, sino por jueces ordinarios sin especialización en asuntos de alta complejidad institucional.
“El presidente no tiene competencia para modificar la estructura judicial mediante decreto”, afirmó la senadora, señalando que cualquier reforma de este tipo debe tramitarse como ley estatutaria, según el artículo 152 de la Constitución.
Cabal también advirtió que la medida viola el principio del juez natural, al asignar este tipo de tutelas a funcionarios judiciales sin el perfil técnico requerido. “Este decreto es incompatible con la Constitución y debe ser demandado. De mantenerse, colapsa el equilibrio de poderes y se institucionaliza el abuso presidencial”, concluyó.
Las reacciones no se limitaron al Congreso. La representante Katherine Miranda calificó la decisión como un “atentado institucional”. “Lo que está haciendo Petro es un nuevo golpe contra las altas cortes. Sin separación de poderes, no hay democracia”, afirmó.
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En el mismo sentido se pronunció la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien sostuvo que el presidente busca una justicia “a su medida”. “Así son todos los dictadores. Así es el narco Nicolás Maduro. No les sirve el control, tampoco los contrapesos. Solo buscan impunidad”, expresó.
El decreto, que modifica la competencia en uno de los mecanismos más sensibles de protección de derechos fundamentales, aún no ha sido comentado oficialmente por la Presidencia de la República ni por la Corte Constitucional.
La controversia pone nuevamente en el centro del debate el tema de la separación de poderes y el alcance de las facultades presidenciales en el rediseño institucional del país.