El Ministerio de Educación Nacional, expidió el decreto 0391 del 1 de abril de 2025, en el cual se avanza en la justicia laboral dentro del sistema de educación superior pública.
El Ministerio de Educación Nacional, expidió el decreto 0391 del 1 de abril de 2025, en el cual se avanza en la justicia laboral dentro del sistema de educación superior pública.
La nueva norma sienta las bases para que las instituciones de educación superior estatales implementen Planes de Formalización Laboral, priorizando la contratación estable, por carrera administrativa y mediante concursos de méritos. La meta es reducir progresivamente los vínculos temporales y promover condiciones laborales más justas, equitativas y sostenibles en las universidades públicas.
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“Tenemos completamente claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública, si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes, que tienen incluso estudios de posgrado y están siendo maltratados en su dignidad laboral. Así le cumplimos a las y los trabajadores de la universidad«, afirmó Daniel Rojas, ministro de Educación.
Además, este decreto responde a una problemática ampliamente documentada por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-006 de 1996, y por el Sistema Universitario Estatal (SUE) y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) que agrupa a las universidades públicas.
Asimismo, da continuidad al compromiso adquirido por el Gobierno nacional en 2018 de fortalecer estructuralmente el sistema de educación superior pública, con recursos y decisiones de política de largo plazo.
Cada institución deberá realizar una planificación estratégica de su planta de personal, en el marco de su autonomía, pero orientada a la equidad y la justicia laboral.
En ese sentido, el ministro Rojas manifestó que “respetamos plenamente la autonomía universitaria, pero como Gobierno invitamos a todas las instituciones a dar el paso hacia la dignificación laboral de sus docentes y administrativos. La calidad de la educación superior solo puede ser de excelencia si quienes la hacen posible cuentan con condiciones dignas, justas y estables”.
Este logro también representa el cumplimiento de los acuerdos sindicales suscritos con las organizaciones ASPU, SINTRAUNICOL y UTRADEC, que participaron activamente en el proceso de construcción del decreto.
En total, se llevaron a cabo 12 mesas técnicas de diálogo con los ministerios de Educación y Trabajo, así como el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en las que se consolidaron los lineamientos de esta política pública.
Según se indicó, la formalización laboral no solo busca corregir brechas históricas, sino también impactar positivamente en la calidad de la docencia, la investigación y la extensión.
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La expedición de este decreto se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, con los compromisos internacionales como el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente en lo referente a trabajo decente, educación de calidad e instituciones eficaces.