La mesa con la CNEB se desarrolla bajo la coordinación del delegado del Gobierno, Armando Novoa, y cuenta con la observación de la comunidad internacional.
viernes, 10 de octubre de 2025
La mesa con la CNEB se desarrolla bajo la coordinación del delegado del Gobierno, Armando Novoa, y cuenta con la observación de la comunidad internacional.
El Gobierno Nacional comenzó los preparativos para el registro, custodia y destrucción de 13,5 toneladas de material de guerra perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura surgida tras la fragmentación de la disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia.
El procedimiento se desarrollará en zonas de Nariño y Putumayo, con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA), y se enmarca dentro de la política de “paz total” promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata del segundo proceso de desarme formal con un grupo armado al margen de la ley, después del acuerdo logrado con el Frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN en Nariño.
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A través de los decretos 1052 y 1053, el Ejecutivo suspendió temporalmente las operaciones militares ofensivas y especiales de la Policía en dos puntos de Nariño y uno de Putumayo, desde el 9 de octubre y hasta el 3 de noviembre, con el fin de permitir el desarrollo seguro del proceso.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), encabezada por Otty Patiño, las tareas incluyen la recepción, verificación, registro, custodia y destrucción del material bélico, con una duración máxima de tres meses a partir del 7 de octubre.
El inventario entregado por la CNEB a la OACP detalla la cantidad, ubicación, tipo y características del armamento que será destruido. La Fuerza Pública liderará el operativo logístico y de seguridad, mientras que la MAPP-OEA y otras agencias del Estado realizarán labores de acompañamiento y verificación.
«El Ministerio de Defensa coordinará las acciones necesarias para garantizar la seguridad en las áreas donde se realicen los procedimientos, ajustando la actuación de la Fuerza Pública según las condiciones del terreno y el contexto operacional», señala el decreto 1053.
El grupo armado, por su parte, deberá ordenar a sus integrantes cesar cualquier acción ofensiva contra la Fuerza Pública durante la vigencia de las medidas.
Una vez concluida la entrega en cada zona, la Fuerza Pública dispondrá de 15 días para presentar informes oficiales sobre los resultados del procedimiento, las acciones ejecutadas y las eventuales contingencias.
En Nariño y Putumayo avanza el proceso de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional – EB. 🤝🏼
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) October 9, 2025
💬 A través del diálogo y la voluntad de las partes, se ha logrado construir una hoja de ruta con acciones concrétas hacía la transformación territorial. pic.twitter.com/VGBrHFAHQ1
La Oficina del Alto Comisionado tiene previsto realizar un acto protocolario el próximo 15 de octubre en Putumayo, como parte del proceso de verificación y confianza entre las partes.
El proceso con la CNEB surge tras la fractura de la Segunda Marquetalia, organización fundada por Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, luego de su retorno a la clandestinidad en 2019. A raíz de desacuerdos internos, los Comandos de la Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico se apartaron de Márquez, creando la actual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La mesa de diálogo con esta estructura se había suspendido el 9 de septiembre tras una asonada en la vereda Siloé (Villagarzón, Putumayo), en la que un grupo de soldados fue agredido mientras realizaba un operativo contra un laboratorio de cocaína. Las conversaciones fueron reactivadas un mes después, ante la falta de pruebas concluyentes que vincularan al grupo con los hechos.
En su momento, la CNEB emitió un comunicado rechazando la agresión y pidiendo que el caso fuera “aclarado exhaustivamente”, aunque sin negar ni confirmar su participación directa. “Estamos comprometidos con la paz en los territorios donde tenemos presencia”, expresó el grupo en su pronunciamiento.
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El Gobierno recordó que el 25 de mayo de 2025 se firmó el acuerdo número 10, que contempla la entrega supervisada de material de guerra con monitoreo de la Fuerza Pública y acompañamiento de organismos internacionales. Además, el plan prevé la creación de Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIUT) para facilitar la reincorporación y formación de los miembros del grupo armado.
La reactivación del proceso ocurre luego de que el Ejecutivo, mediante una resolución reciente, revocara la designación de “Iván Márquez” como representante de la Segunda Marquetalia en los espacios de diálogo. La medida, de efecto inmediato, reemplaza la resolución 258 de julio de 2024, que autorizaba su participación.
La mesa con la CNEB se desarrolla bajo la coordinación del delegado del Gobierno, Armando Novoa, y cuenta con la observación de la comunidad internacional, como parte de los esfuerzos del Gobierno Petro por avanzar en el desarme y la reducción de la violencia en el suroccidente del país, una de las regiones más golpeadas por las economías ilegales y los rezagos del conflicto armado.