Gobierno Nacional y arroceros llegan a acuerdo preliminar

Tras cinco días de intensas protestas, bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país, el gobierno nacional y los arroceros lograron alcanzar un acuerdo preliminar que permitió desescalar la tensión y sentar las bases para un pacto más estructural. Las movilizaciones de los arroceros respondían a inconformidades con los precios de compra del grano y la falta de garantías para la sostenibilidad del sector.

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El Ministerio de Agricultura junto a representantes de Fedearroz, gremio que agrupa a los productores, e Induarroz, que representa a la industria transformadora del cereal; conformaron una mesa de diálogo para buscar resolver los puntos más urgentes del conflicto y construir consensos en torno al futuro de la cadena arrocera del país.

Uno de los puntos más sensibles fue el precio de compra del grano. En el acuerdo preliminar se definió que, por ahora, se mantendrán los precios actuales de compra por parte de la agroindustria. Sin embargo, cuando se establezcan las reglas formales de precios, se les reconocerá a los productores el excedente correspondiente, lo que significa que no perderán ingresos si los precios acordados terminan siendo más altos que los actuales.

Esta medida de compensación busca dar tranquilidad al sector arrocero, que ha denunciado que los costos de producción están por encima de los precios que se les estaban pagando, lo que genera pérdidas económicas. Al mismo tiempo, el gobierno expresó su compromiso de evitar una escalada de precios que pueda afectar el bolsillo de los hogares colombianos.

En ese sentido, el acuerdo también contempla medidas para garantizar el abastecimiento de arroz en el país, uno de los productos base en la alimentación de millones de familias colombianas. El gobierno y los gremios coincidieron en la necesidad de asegurar un equilibrio entre precio justo para el productor y acceso asequible para el consumidor.

Otro aspecto clave del acuerdo es la formulación de un Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que tiene como objetivo mejorar la planificación y eficiencia de toda la cadena productiva. Este plan incluiría aspectos como las zonas más aptas para el cultivo, la promoción de prácticas sostenibles y la modernización tecnológica de los procesos.

El gobierno también se comprometió a trabajar con los gremios en la creación de una estrategia de estabilización del mercado arrocero a mediano y largo plazo. Esta estrategia incluiría mecanismos para amortiguar las caídas de precios, mejorar el acceso a crédito y promover la asociatividad entre pequeños productores.

Las negociaciones, si bien llegaron a un acuerdo preliminar, no han concluido. Las partes acordaron retomar las mesas técnicas el próximo 21 de julio, fecha en la que se espera avanzar hacia acuerdos definitivos y firmar compromisos que den mayor seguridad jurídica y económica al sector arrocero nacional.

Como parte del entendimiento alcanzado, los bloqueos viales de los arroceros comenzaron a levantarse progresivamente, permitiendo el tránsito de vehículos, mercancías y personas en los corredores donde la situación era más crítica. Esta decisión fue celebrada tanto por transportadores como por las comunidades afectadas por el desabastecimiento.

El gobierno valoró positivamente la actitud de los arroceros al aceptar sentarse en la mesa de diálogo y confiar en la institucionalidad para resolver sus demandas. Así mismo, reiteró que la protesta social es un derecho, pero que debe ejercerse de forma pacífica, sin afectar los derechos de otros ciudadanos.

Por su parte, Fedearroz manifestó que, si bien el acuerdo preliminar es un avance, estarán atentos al cumplimiento de los compromisos por parte del Ejecutivo. Indicaron que el futuro del cultivo de arroz, que emplea a miles de familias en el campo colombiano, dependerá de la voluntad política de consolidar una política pública estable y coherente.

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Este episodio refleja una vez más los retos que enfrenta el sector agrícola en Colombia, marcado por la alta vulnerabilidad a los precios internacionales, el costo de los insumos, la falta de infraestructura y la necesidad de una política agraria integral. El arroz, siendo uno de los cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria, merece una atención prioritaria por parte del Estado.