El gobierno nacional prepara un decreto que busca cambiar las reglas de la vivienda VIS al fijar sus precios en pesos y desligarlos del salario mínimo, con el objetivo de frenar alzas automáticas
lunes, 12 de enero de 2026
El gobierno nacional prepara un decreto que busca cambiar las reglas de la vivienda VIS al fijar sus precios en pesos y desligarlos del salario mínimo, con el objetivo de frenar alzas automáticas
El Gobierno nacional, a través de un borrador de decreto, busca desindexar el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo legal mensual vigente, de manera que los precios se pacten y queden fijados en pesos colombianos desde el inicio del negocio jurídico y no se ajusten automáticamente cada vez que suba el salario mínimo.
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La desindexación propuesta responde a la preocupación de que, con el considerable aumento del salario mínimo decretado para 2026 (23%), el tope de precio de las VIS se eleva proporcionalmente, lo que ha generado incrementos de decenas de millones de pesos en el valor final solo por el efecto del incremento salarial.
En el esquema actual, la VIS está regulada por topes expresados en salarios mínimos: 135 SMMLV en municipios pequeños y 150 SMMLV en ciudades grandes, lo que para 2026 equivalía a valores alrededor de $236 millones y más de $260 millones respectivamente.
Estos límites varían según la ubicación y otras condiciones urbanísticas, y han estado vigentes por ley, como lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 388 de 1997, que definen los parámetros de la VIS y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
Bajo este esquema, cada año el salario mínimo se utiliza como unidad de cálculo para establecer el valor máximo legal de estas viviendas, lo que significa que un aumento salarial incrementa automáticamente el límite de precio de las VIS, aunque no necesariamente refleja el costo real de construcción u oferta y demanda.
El propósito real del decreto es evitar que las variaciones del salario mínimo arrastren de forma automática y desproporcionada los precios de la vivienda, generando incertidumbre entre los compradores y dificultando la planificación financiera de hogares que buscan acceder a una vivienda propia.
Para los potenciales compradores, fijar el precio en pesos desde la firma de la promesa de compraventa implicaría mayor certeza del costo total que deberán pagar durante el proceso, sin sorpresas por ajustes posteriores vinculados al ingreso mínimo legal.
El borrador del decreto también señala que solo se permitirán aumentos excepcionales del precio durante la ejecución del proyecto si se comprueba un incremento real en los costos de construcción reportado por el DANE; cualquier otro ajuste automático sería inválido.
El Gobierno argumenta que esta medida busca fortalecer la transparencia y proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas, como no informar oportunamente el precio en pesos al momento de la separación o firma de la promesa de compraventa.
Los defensores de la desindexación sostienen que este cambio podría facilitar el acceso a la vivienda para hogares de menores ingresos, al limitar las subidas automáticas del tope máximo, aunque expertos advierten que la futura regulación también debe considerar otros factores como inflación, costos de materiales, tasas de interés y la oferta del mercado.
La medida ha generado debate entre economistas, constructores y consumidores, pues algunos señalan que la indexación al salario mínimo tenía lógica técnica y jurídica, y que eliminarla podría desincentivar la construcción de nuevos proyectos VIS si los precios fijos no resultan atractivos para los inversionistas.
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Si el decreto se promulga, se espera que la fijación en pesos y la prohibición de indexación automática eviten incrementos inesperados por efecto de futuros aumentos del salario mínimo, aunque aún está por definirse su fecha de entrada en vigencia y el alcance jurídico frente a la normativa existente.