En una carta dirigida al Congreso, el presidente Petro y la ministra de Ambiente Susana Muhamad, pidieron dar celeridad al proyecto de ley que busca prohibir el fracking y otras prácticas no convencionales de extracción de hidrocarburos.
Esta iniciativa, respaldada por amplios sectores del movimiento social, fue presentada inicialmente por 80 congresistas y cuenta con un fuerte respaldo ciudadano. El proyecto de Ley 150 de 2024 busca prohibir el fracking y otras prácticas no convencionales de extracción de hidrocarburos en Colombia.
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La iniciativa de prohibir el fracking toma mayor relevancia de camino a la COP30 del clima, que se realizará en Brasil, en la que se evaluarán los compromisos globales para la reducción de emisiones y la descarbonización.
El proyecto de ley, que en su primera versión alcanzó el tercer debate en el Congreso, fue radicado nuevamente, esta vez con mensaje de urgencia, lo que permitirá acelerar su trámite legislativo. Esta decisión representa un paso fundamental en la transición energética justa del país y es clave para la protección del agua y la biodiversidad en Colombia.
La ministra Susana Muhamad enfatizó que este es “un paso crucial para reducir la extracción de petróleo y carbón, permitiendo así aprovechar las reservas existentes en el camino hacia una transición energética justa. Esto cobra especial relevancia en el año de la COP30, en Belén de Pará, donde el mundo evaluará los avances en la reducción de emisiones y las estrategias para alcanzar un futuro descarbonizado y mitigar el cambio climático”.
El Gobierno Nacional ha destacado la importancia de frenar la expansión de la explotación de petróleo y carbón y, en su lugar, trabajar con las reservas convencionales de hidrocarburos mientras se avanza hacia fuentes de energía renovables.
“En Colombia podemos trabajar con nuestras reservas de petróleo convencional, podemos trabajar con las reservas offshore de gas que están en exploración para tener una sostenibilidad mientras hacemos la transición energética justa y, por lo tanto, no invertir el dinero en prácticas contaminantes, en prácticas destructoras del agua y destructoras del suelo”, puntualizó la ministra.
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La transición energética justa es una prioridad para el Gobierno Nacional, alineado con los compromisos y metas ambientales propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.