Inicia el último año de este Congreso, mientras en el legislativo piensan en elecciones; el ejecutivo propone una serie de reformas estructurales que espera que se aprueben en este año que queda de gobierno.
lunes, 21 de julio de 2025
Inicia el último año de este Congreso, mientras en el legislativo piensan en elecciones; el ejecutivo propone una serie de reformas estructurales que espera que se aprueben en este año que queda de gobierno.
Comenzó el cuarto y último año legislativo del Congreso elegido en 2022, un periodo que tradicionalmente ha sido considerado inactivo debido a su carácter prelectoral, en el que los congresistas suelen concentrarse más en sus campañas regionales que en legislar. Sin embargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dejado claro que este no será un año perdido para su agenda legislativa y que hará todo lo posible por impulsar las reformas estructurales que aún no ha podido concretar.
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En un contexto político altamente polarizado, el Ejecutivo enfrenta un Congreso mayoritariamente opositor, lo que representa un desafío adicional. Pese a ello, el gobierno ha decidido avanzar con una ambiciosa lista de proyectos de ley que van desde reformas sociales hasta ajustes económicos y judiciales. La apuesta es arriesgada, pero pretende consolidar el llamado legado del primer gobierno de izquierda en Colombia.
Uno de los temas más candentes será la Reforma a la Salud, cuyo trámite ha estado marcado por tensiones políticas y dudas jurídicas. Aunque ha sido ampliamente cuestionada tanto dentro como fuera del Congreso, el gobierno insiste en que su aprobación es fundamental para garantizar un sistema de salud más equitativo y preventivo. La oposición, por su parte, advierte sobre posibles retrocesos en cobertura y calidad.
A esta se suma la nueva Reforma Tributaria, que busca ajustar la estructura fiscal para aumentar el recaudo y reducir la desigualdad. Aunque todavía no se conocen los detalles, ya se anticipan resistencias por parte del sector empresarial y de algunos partidos opositores que han mostrado preocupación por el impacto en la inversión y el empleo.
Otro proyecto clave es la jurisdicción agraria, una promesa histórica para mejorar el acceso a la justicia en zonas rurales, y que ha cobrado especial importancia dentro del enfoque de paz del gobierno. A esto se añade la necesidad de salvar el Ministerio de la Igualdad, que ha sido blanco de múltiples críticas y enfrenta cuestionamientos sobre su funcionamiento y pertinencia.
La ley de tarifas de electricidad es otro tema urgente. La inconformidad ciudadana por los altos costos en varias regiones del país, especialmente en la Costa Caribe, ha llevado al Ejecutivo a plantear una nueva regulación que permita disminuir los precios sin desincentivar la inversión privada en el sector energético.
En el terreno de la seguridad y la justicia, el gobierno insistirá en una ley de sometimiento a la justicia para grupos armados y organizaciones criminales, como parte de la política de Paz Total. Sin embargo, las críticas no han sido menores: se advierte que podría terminar favoreciendo la impunidad o blanqueando estructuras mafiosas bajo el argumento de la reconciliación.
La instalación de esta legislatura no estuvo exenta de controversias. La elección de Lidio García, del Partido Liberal, como presidente del Senado generó incertidumbre. Aunque su partido ha sido ambiguo en su relación con el gobierno, no queda claro si García será un aliado estratégico o mantendrá distancia de las iniciativas más polémicas.
Por el lado de la Cámara de Representantes, la presidencia quedó en manos de Julián López, del Partido de la U. Su elección fue respaldada por la bancada del Pacto Histórico, aunque no sin generar tensiones internas. De hecho, el bloque oficialista retiró su apoyo a Alejandro Ocampo, un representante de sus propias filas, lo cual generó críticas sobre la falta de coherencia y liderazgo dentro del movimiento petrista.
Durante su discurso de instalación, el presidente Petro defendió nuevamente su programa de gobierno y enfatizó que estas reformas pendientes son necesarias para lograr una transformación estructural del país. Habló de justicia social, redistribución del ingreso, democratización de la tierra y acceso a servicios públicos esenciales como la salud y la energía.
El presidente también advirtió sobre el riesgo de que la oposición en el Congreso busque bloquear las reformas por razones electorales, lo que, en su visión, podría obstaculizar los avances que necesita el país. Pese a esto, insistió en su disposición al diálogo y en la importancia de que las bancadas actúen pensando en el bien común, no solo en los cálculos políticos.
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Con esta nueva legislatura, el gobierno enfrenta quizás su última gran oportunidad para dejar huella legislativa. En un escenario adverso, cada alianza, negociación o derrota parlamentaria será clave para definir si el mandato de Gustavo Petro culminará con reformas estructurales consolidadas o con una sensación de agenda truncada.