Según el Gobierno Nacional, el proyecto implicaba un impacto fiscal significativo, al generar un gasto adicional para la Nación.
martes, 24 de junio de 2025
Según el Gobierno Nacional, el proyecto implicaba un impacto fiscal significativo, al generar un gasto adicional para la Nación.
El gobierno del presidente Gustavo Petro objetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba otorgar mayor autonomía a los gobernadores en el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
En una comunicación oficial enviada al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, el mandatario argumentó que la iniciativa es “inconstitucional e inconveniente”, señalando que vulnera varios artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 334, sobre sostenibilidad fiscal, y el artículo 48, que prohíbe desviar recursos del sistema de seguridad social para otros fines.
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Además, el Gobierno advirtió que el proyecto comprometería la destinación específica de rentas y afectaría la autonomía de las entidades territoriales, en contradicción con el artículo 287 constitucional. El Ministerio de Hacienda respaldó la objeción, argumentando que la medida tendría un impacto fiscal considerable y pondría en riesgo la estabilidad del sistema pensional, al no establecer una fuente clara de financiación.
La objeción fue acompañada por un anexo técnico con cifras y gráficas, en el que se detalla cómo la redistribución de los recursos del Fonpet afectaría directamente el Tesoro Nacional y dificultaría el cumplimiento de obligaciones pensionales por parte del Estado.
Adicionalmente, la Presidencia cuestionó el procedimiento legislativo, indicando que el Congreso no cumplió con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 819 de 2003, que exige un análisis fiscal detallado para este tipo de iniciativas. También señaló que se habrían vulnerado principios de competencia y especialidad de las comisiones constitucionales permanentes.
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Con esta decisión, el Gobierno frena la entrada en vigor del proyecto, que ahora deberá regresar al Congreso para nueva discusión. La medida había sido promovida como un paso hacia la descentralización del manejo de recursos pensionales por parte de las gobernaciones.