Por un acuerdo entre Colombia y España, el gobierno nacional tendría que pagarle a Telefónica S.A, tras una demanda de esta empresa multinacional de telecomunicaciones.
Por un acuerdo entre Colombia y España, el gobierno nacional tendría que pagarle a Telefónica S.A, tras una demanda de esta empresa multinacional de telecomunicaciones.
Por extralimitar sus facultades y quebrantar gravemente las normas fundamentales de procedimiento, el Gobierno solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) anular el laudo arbitral que le condena a pagar 379,8 millones de dólares a Telefónica S.A..
El recurso fue presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), después de que Colombia perdiera una demanda de Telefónica S.A.. Esta se basaba en el Acuerdo entre Colombia y España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 2005, alegando que el país no garantizó un trato justo y equitativo a la compañía.
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La demanda, llevada ante el CIADI, ordenó al Estado colombiano reembolsar a Telefónica una suma pagada en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Esta obligación surgió por otro tribunal de arbitramento bajo la Cámara de Comercio de Bogotá.
La ANDJE defendió los intereses de la nación, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara decisiones que, según él, son “lesivas para la soberanía nacional”. La solicitud de anulación argumenta que el tribunal no aplicó correctamente el derecho aplicable.
La solicitud también señala que el tribunal internacional actuó como una corte de apelación sobre temas del derecho colombiano, resueltos previamente por la Corte Constitucional. Además, se pronunció sobre una controversia contractual ya decidida por el Arbitraje CCB.
La ANDJE criticó que el laudo ordenara el pago de intereses sin justificación clara, lo que penaliza a Colombia por la demora del propio tribunal en emitir su fallo, más de tres años y medio después del último escrito presentado.
Junto con la solicitud de anulación, la ANDJE pidió la suspensión automática de la ejecución del laudo hasta que se conforme un comité ad hoc del CIADI que decidirá sobre el caso. También solicitó que la suspensión se mantenga hasta que haya una decisión final.
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Durante un evento público, el presidente Gustavo Petro expresó que Telefónica podría beneficiarse injustamente con esta demanda, aludiendo a la antigua Telecom, empresa estatal adquirida por Telefónica en 2003. Petro resaltó la importancia de proteger la soberanía nacional en casos de arbitraje internacional.
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