lunes, 1 de septiembre de 2025

Gobierno radicó Ley de Financiamiento por $ 26 billones para respaldar el Presupuesto General de 2026

Se trata del monto más alto planteado en un proyecto de este tipo en los últimos años y corresponde a la segunda Ley de Financiamiento del gobierno Petro.

El Gobierno Nacional radicó este lunes (01-09-2025) ante el Congreso la nueva Ley de Financiamiento, una iniciativa que en la práctica constituye una reforma tributaria con la que se busca garantizar recursos para el Presupuesto General de la Nación de 2026.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la meta de recaudo asciende a $26 billones, lo que equivale al 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata del monto más alto planteado en un proyecto de este tipo en los últimos años y corresponde a la segunda Ley de Financiamiento presentada por la administración del presidente Gustavo Petro.

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Cabe recordar que la primera iniciativa de este tipo, radicada en 2024 con una meta de $12 billones, no logró avanzar en el Congreso, al igual que el Presupuesto de 2025, que fue rechazado por el Legislativo.

El nuevo Presupuesto de la Nación para 2026, también entregado recientemente al Congreso, contempla recursos por cerca de $557 billones. De este total, $ 88 billones están destinados a inversión, $102 billones al pago de la deuda pública y el resto a cubrir los gastos de funcionamiento del Estado.

Medidas incluidas en la reforma

El Ejecutivo plantea que parte del recaudo provenga de medidas que hasta ahora habían sido temporales, como el impuesto al valor agregado (IVA) aplicado a los juegos de azar en línea. En su forma actual, este tributo se recauda en el marco de la crisis del Catatumbo y solo puede destinarse a esa región. Con la nueva propuesta, el gravamen se haría permanente con una tarifa plena del 19 %, lo que permitiría su incorporación al Presupuesto General. Según cálculos oficiales, por este concepto se recaudarían $1,6 billones.

Otra medida de alto impacto está relacionada con la venta de combustibles líquidos, a los que se les modificaría el esquema de IVA. El proyecto establece un cronograma gradual:

  1. Gasolina: en 2026 tendrá una tarifa del 10 % sobre el ingreso al productor y desde el 1 de enero de 2027 pasará a la tarifa general.
  2. ACPM: entre 2026 y 2027 se gravará al 10 % y desde 2028 aplicará la tarifa general.
  3. Biocombustibles: a partir de 2027, los destinados a mezcla con ACPM estarán gravados a la tarifa general.
  4. Alcohol carburante: desde julio de 2026, el destinado a mezcla con gasolina tendrá la tarifa general.
  5. Otros combustibles derivados del petróleo: aplicarán tarifa general desde enero de 2026.

Con estas modificaciones, el Ministerio de Hacienda estima un recaudo de $2,6 billones en 2026 y $7,2 billones a partir de 2027.

En la exposición de motivos, el Gobierno argumenta que la actual estructura de precios de los combustibles mantiene tratamientos diferenciados en IVA que reducen artificialmente el costo de consumo de estos bienes, lo que consideran contrario a los principios de una tributación ambientalmente sostenible.

Adicionalmente, el proyecto incluye un incremento en el IVA a la venta de vehículos híbridos, que pasarían de estar gravados con una tarifa del 5 % a la tarifa plena del 19 %. Una medida similar se aplicaría a los licores, que también quedarían con el impuesto general.

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Contexto político y económico

La radicación de esta iniciativa se da en un escenario complejo para el Gobierno, luego del rechazo en el Congreso a la anterior Ley de Financiamiento y al Presupuesto de 2025. El Ejecutivo busca ahora asegurar la viabilidad del Presupuesto de 2026, que contempla un gasto histórico y que requiere de nuevas fuentes de ingreso para su financiación.

La discusión legislativa se anticipa intensa, con sectores de oposición que ya han manifestado reparos a nuevos impuestos en medio de la desaceleración económica, y con voces en el oficialismo que defienden la necesidad de fortalecer el recaudo para garantizar la inversión social y el cumplimiento de compromisos fiscales.

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