El presidente Gustavo Petro denunció ante la Corte Penal Internacional a Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, en una decisión que tensiona su apuesta por la Paz Total
El presidente Gustavo Petro presentó el 9 de enero de 2026 una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central, solicitando que la Fiscalía de La Haya investigue crímenes de lesa humanidad y de guerra atribuidos a esa organización armada.
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La denuncia fue radicada por el abogado del presidente, Alejandro Carranza, quien explicó que la acción responde a la sistematicidad de los hechos violentos perpetrados bajo el mando de Mordisco, y a la incapacidad de los mecanismos internos para llevarlo ante la justicia de manera efectiva.
Entre los hechos que sustentan la denuncia se encuentran reclutamiento forzado de menores, desplazamientos, ataques contra comunidades indígenas y afrodescendientes, así como vínculos con redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
El presidente Petro ha rechazado públicamente las propuestas de alianza de las disidencias de Mordisco con otros grupos armados ilegales como el ELN y la Segunda Marquetalia, calificándolas como estrategias sin fundamento ideológico que, según él, sirven a intereses narco-criminales y de destabilización política.
La denuncia ante la CPI no solo busca que se investiguen y sancionen estos crímenes, sino que también permite abrir la puerta a acciones en Estados Unidos y en la justicia internacional contra el cabecilla y su entorno.
Carranza explicó que uno de los motivos de acudir a la CPI es que la justicia colombiana ha abierto múltiples procesos penales contra Mordisco, con más de 100 investigaciones, pero no ha logrado llevarlo a juicio ni desarticular completamente su estructura.
La medida se produce en un contexto en el que el gobierno ha intentado avanzar hacia una política denominada “Paz Total”, orientada a lograr la terminación de los conflictos armados internos mediante negociación, justicia y desarme de grupos ilegales, pero con un enfoque que no excluye la acción judicial y militar cuando es necesario.
La denuncia ante la CPI representa un contraste específico con las estrategias de diálogo planteadas en la Paz Total, pues indica que el gobierno considera que algunos grupos, en particular los liderados por Mordisco, no han demostrado voluntad real de negociar un cese al fuego ni respeto por los derechos humanos.
La acción legal internacional se enmarca además en la política de seguridad del gobierno frente a las disidencias, que incluye operaciones militares ofensivas contra las estructuras de Mordisco, como bombardeos y acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas para debilitar su capacidad operativa.
El gobierno ha defendido esta política dual —negociación con grupos dispuestos a la paz y acción judicial/militar contra quienes no lo están— como parte de una visión integral de la Paz Total, aunque ha enfrentado críticas desde sectores que consideran que esto puede incrementar la violencia o afectar a civiles.
La denuncia ante la CPI ha sido interpretada por analistas como un movimiento estratégico para internacionalizar la persecución a líderes criminales que, por su movilidad transnacional y conexiones financieras, han eludido con frecuencia la justicia interna.
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Para Petro, acudir a la Corte Penal Internacional refuerza la idea de que el Estado colombiano debe garantizar la justicia para las víctimas de crímenes atroces, complementando los esfuerzos nacionales con mecanismos internacionales, especialmente cuando la violencia y el reclutamiento forzado persisten en zonas donde las disidencias mantienen presencia activa.