Indignación por detención de una niña ecuatoriana de dos años por ICE en Minneapolis

El 22 de enero de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Minneapolis a una niña ecuatoriana de dos años, identificada como Chloe Renata T., junto a su padre, Elvis Joel T., cuando regresaban de hacer compras en un supermercado. Ambos fueron trasladados a un centro de detención en Texas antes de que un juez ordenara la liberación de la menor y su retorno temporal con su madre.

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Según los documentos judiciales y abogados de la familia, el arresto se produjo sin que se presentara una orden judicial válida, un punto central en las críticas legales al operativo de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que el padre había reingresado de manera irregular al país y manejado de forma “errática”, aunque defensores de la familia disputan esos señalamientos.

La detención de Chloe se presentó en un contexto de intensa actividad migratoria de ICE en Minnesota, donde en los días previos agentes habían arrestado a otros niños, incluidos menores de cinco y diez años, muchos de ellos junto a sus padres durante redadas en barrios y en los alrededores de escuelas.

Un caso ampliamente reportado fue el de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años detenido por ICE junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, cuando regresaban de la escuela en Columbia Heights, suburbio de Minneapolis. En este caso, autoridades escolares denunciaron que el menor fue utilizado como “cebo” para obligar a familiares a salir de su casa durante un operativo.

Los operativos de ICE han generado un clima de temor entre las comunidades y escuelas del área metropolitana de Minneapolis, con informes de agentes armados siguiendo autobuses escolares, deteniendo a padres y niños en la vía pública y afectando la asistencia escolar y la sensación de seguridad de familias enteras.

Las detenciones de menores han sido parte de una serie más amplia de redadas migratorias en Minnesota que también han incluido arrestos de adolescentes y adultos sin órdenes claras, lo que ha provocado protestas y acciones legales locales contra las prácticas de ICE.

El crecimiento de la presencia de agentes federales en el estado y la intensificación de las operaciones de inmigración contrastan con fallos judiciales recientes que subrayan la necesidad de órdenes judiciales válidas para la entrada a hogares y detenciones, generando tensiones entre tribunales de Minnesota y las autoridades federales.

Organizaciones comunitarias, educadores y defensores de derechos humanos han denunciado que las acciones han provocado un aumento del miedo, ansiedad y trauma en niños y familias, con algunos padres optando por mantener a sus hijos en casa para evitar detenciones masivas cerca de escuelas y vecindarios.

La situación ha suscitado críticas políticas y sociales a nivel nacional, en parte alimentadas por casos de uso de fuerza letal por parte de agentes migratorios en Minneapolis, que han incrementado la atención pública sobre el papel y la conducta de ICE en operativos urbanos.

A nivel internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha instado recientemente a Estados Unidos a revisar sus prácticas migratorias y a garantizar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, señalando que las personas —incluidos niños— están siendo detenidas de forma violenta y arbitraria sin las debidas salvaguardias, lo que afecta especialmente a menores y sus familias.

El llamado de la ONU enfatiza que las políticas migratorias deben respetar el debido proceso y evitar detenciones innecesarias que separen a familias y expongan a niños a traumas y condiciones que vulneran sus derechos fundamentales, reforzando estándares internacionales sobre la protección de menores en contextos de migración.

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En conjunto, la detención de la niña de dos años y otros menores en Minnesota destacan un enfoque de aplicación migratoria que ha sido objeto de un intenso escrutinio legal, político y humanitario, y que continúa generando protestas, demandas judiciales y llamados a la reforma de las prácticas de ICE tanto dentro de Estados Unidos como desde organismos internacionales de derechos humanos.