El Gobierno de Irán reconoció la muerte de al menos 3.117 personas durante las recientes protestas. Mientras las autoridades culpan a grupos armados y actores externos, organizaciones de derechos humanos denuncian una represión estatal masiva.
La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, organismo estatal vinculado al Gobierno iraní, divulgó el primer balance oficial de víctimas en el contexto de las protestas que sacuden al país desde hace varias semanas. Según el comunicado, al menos 3.117 personas han muerto en medio de los disturbios y enfrentamientos registrados en distintas regiones.
El informe marca un punto de inflexión en la narrativa oficial, al tratarse del primer reconocimiento público de una cifra de fallecidos por parte de una entidad estatal.
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De acuerdo con la Fundación, del total de víctimas 2.427 corresponden a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, aunque el organismo no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias específicas de estas muertes ni sobre el perfil del resto de los fallecidos.
La falta de precisión ha generado interrogantes tanto dentro como fuera del país, en un contexto marcado por el control informativo y las restricciones a medios independientes.
En paralelo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, afirmó que 690 de los fallecidos eran “terroristas, amotinados y personas que atacaron bases militares”, reforzando la postura oficial de que las protestas han sido infiltradas por actores violentos.
Según esta versión, una parte significativa de las muertes no estaría relacionada con manifestaciones pacíficas, sino con acciones armadas dirigidas contra instalaciones del Estado.
Las explicaciones del Gobierno iraní se alinean con la posición histórica de la República Islámica de Irán, que acusa a mercenarios infiltrados y a supuestos apoyos de Estados Unidos e Israel de estar detrás de la violencia y del elevado número de víctimas.
La Fundación de Veteranos y Mártires aseguró que muchos de los fallecidos eran transeúntes que murieron por disparos, mientras que otros eran manifestantes que, según su versión, “fueron blanco de agentes terroristas organizados entre la multitud”.
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La versión oficial contrasta de forma directa con los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, que denuncian una represión sistemática y violenta por parte de las fuerzas estatales contra los manifestantes. Estas organizaciones sostienen que miles de personas han muerto como resultado del uso excesivo de la fuerza y reportan cifras de víctimas considerablemente más altas que las reconocidas por el Gobierno.
Además, advierten sobre detenciones masivas, desapariciones forzadas y restricciones severas a la libertad de expresión y de prensa.
El balance oficial, lejos de cerrar el debate, ha profundizado la confrontación entre la narrativa del Gobierno iraní y la de la comunidad internacional. Mientras Teherán insiste en la existencia de una conspiración externa y en la presencia de grupos armados, observadores independientes reclaman investigaciones imparciales y acceso a información verificable.
En medio de este escenario, la cifra de muertos se ha convertido en uno de los principales puntos de disputa política y diplomática, en un país donde las protestas continúan y el escrutinio internacional aumenta día a día.