El expresidente del Senado, Iván Name; y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle fueron aprehendidos por la Policía Nacional luego que la Corte Suprema emitiera las órdenes de captura contra ellos por el escándalo de la UNGRD.
Los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional, tras emitirse las respectivas órdenes de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia.
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Ambos congresistas están directamente vinculados al escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una de las entidades más cuestionadas en los últimos meses.
Según la investigación judicial, los parlamentarios habrían recibido dinero ilícito proveniente de la UNGRD, a cambio de favorecer la aprobación de proyectos de ley que beneficiaban al Ejecutivo.
Este esquema de coimas ha sacudido al Congreso y ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, pues compromete directamente la integridad del poder legislativo y su independencia frente al gobierno nacional.
A raíz de las investigaciones, ya se encuentran en prisión el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, quienes han reconocido su participación y actualmente están cumpliendo sus condenas.
Ambos exfuncionarios firmaron un acuerdo con la justicia para colaborar con las investigaciones y se comprometieron a devolver parte del dinero que recibieron ilegalmente durante su tiempo en la UNGRD.
Otra de las figuras implicadas en el caso es Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien también ha sido señalada por su presunto papel como intermediaria en la entrega de sobornos. Ortiz se encuentra en la etapa inicial del juicio y ya fue expulsada del Partido Verde, colectividad a la que pertenecía antes del estallido del escándalo.
Tanto Name como Calle habían negado enfáticamente cualquier vínculo con la red de corrupción. Sin embargo, tras la emisión de las órdenes de captura, han optado por acatar la decisión judicial sin oponer resistencia.
Los abogados de los congresistas manifestaron que sus defendidos están dispuestos a cooperar con la justicia, aunque reiteraron su inocencia y cuestionaron la celeridad con la que se procedió en su contra. Por su parte, el abogado de Sneyder Pinilla declaró que este caso aún no ha terminado, y que “todavía faltan más poderosos por caer”, en alusión a otros políticos y funcionarios que habrían sido beneficiarios de esta red.
La Corte Suprema ha reiterado que este tipo de actuaciones afectan la credibilidad de las instituciones y han prometido continuar con las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones anticorrupción han exigido que se esclarezca completamente el alcance del escándalo y que no haya impunidad para ninguno de los implicados. También la Corte ordenó al Congreso que suspenda las funciones tanto de Name como de Calle. Esto implica que sus curules quedarán en lo que se conoce como «silla vacía».
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El caso ha generado también un profundo impacto político, pues pone en entredicho la relación entre algunos sectores del Congreso y el Gobierno nacional, así como la transparencia en la aprobación de normas y proyectos. Mientras tanto, la opinión pública observa con atención cómo avanza este proceso, que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en Colombia.