Informe de la JEP da visto bueno a la “paz total” del Gobierno Nacional

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tribunal creado a raíz del acuerdo de paz de La Habana, Cuba, publicó un informe donde se reconoce varios logros de la llamada paz total, la política bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, siendo un espaldarazo frente a las posturas críticas en las negociaciones entre el gobierno y los grupos alzados en armas.

Cabe mencionar que este informe se da a conocer por parte de la JEP días después de que el presidente Petro decidiera sacar del cargo al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien fuera bastante criticado en su momento por varios sectores de la sociedad a raíz de los fallidos intentos de diálogos con el Estados Mayor Central de las disidencias de las Farc y al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El informe, elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, señala que los ceses al fuego con el Estado Mayor Central, (la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Farc), y el ELN han logrado menguar los efectos del conflicto armado en los primeros 10 meses de 2023, esto en comparación con el mismo periodo del 2022.

El documento elaborado por la UIA también señala una disminución en el número de civiles asesinados o heridos durante el mismo periodo antes mencionado.

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Por otro lado, de acuerdo con la JEP, la reducción de militares y policías heridos en hostigamientos o combates fue del 39 %, mientras que el asesinato de miembros de las Fuerza Armadas cayó en un 33 %.

El cese al fuego con el ELN se tradujo, entre otras cosas, en una disminución de los ataques contra la Fuerza Pública, lo que para los investigadores sugiere que la mayoría de los frentes de esa guerrilla han acatado lo que se ha acordado en las negociaciones entre ambas partes.

Sobre las víctimas de desplazamiento forzado, el tribunal destaca que un efecto positivo, ya que ha bajado en un 46 % y asegura que “en 11 de los 19 departamentos donde se registran esta clase de hechos victimizantes se presentó una reducción”.

En otro apartado del informe, la JEP también encontró una reducción de los asesinatos de líderes sociales y las masacres. Es de mencionar que Colombia es el país del mundo más peligroso para ser líder social.

Entre enero y octubre de 2023 se registraron 77 masacres en todo el territorio nacional, comparado con las 85, en el mismo periodo, del año anterior; el homicidio de líderes sociales decreció en un 25 %.

Pese a que las diferentes negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc y el ELN han tenido tropiezos, la JEP concluye que el cese de hostilidades y las treguas bilaterales en las etapas tempranas tienen repercusiones positivas con el objetivo de minimizar el conflicto en el país.

En el informe, la UIA resalta la necesidad de que el Gobierno Nacional trabaje por la no repetición, por lo que menciona puntos específicos a los que se debe atender con mayor rapidez como lo es salir del listado de los cinco países con más casos de desplazamiento interno.

La JEP subraya que, entre enero y octubre del presente año, una persona defensora de derechos humanos fue asesinada cada 48 horas. La situación se agrava debido a la escasez de planes de protección para los líderes sociales, punto donde ha tenido mayores reclamos la administración de Gustavo Petro.

Otra dificultad reiterada con las extorciones y los secuestros, que en los últimos años han vuelto con mayor fuerza, un ejemplo de ello, y que provocó varios desencuentros con el ELN fue la retención del papá del jugador Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, y quien estuvo más de 10 días en poder de esa guerrilla.

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El documento asegura que en el 75 % de los municipios del país donde se duplicaron las denuncias por secuestros y extorsiones no se observó injerencia del ELN. Pero aun así, tanto el EMC como el ELN son los mayores responsables de los secuestros en los departamentos de Hula, Arauca y Guaviare.

Otro de los hallazgos de la JEP fue el aumento de las mujeres víctimas en las masacres perpetradas por los grupos armados ilegales. “La UIA plantea que podría estar ocurriendo un cambio en los códigos de violencia en el crimen organizado, donde se promueven las violencias basadas en género como mecanismo de retaliación a los jefes o sicarios de los grupos criminales emergentes”, cita el informe.

El documento del Tribunal de Paz también menciona que las líneas de mando de los grupos armados ya no suelen ser verticales, como sí lo era en la estructura de la antigua guerrilla de las Farc.

“En la situación actual, varía mucho el grado de cohesión interna, y la diferencia sustancial entre las organizaciones armadas está entre permitir la subcontratación de bandas locales y no hacerlo por optar que la violencia sea ejercida exclusivamente por integrantes con filiaciones únicas a la organización”, señala el informe.

Según la investigación, ya no se explican solo por la necesidad de dominio territorial, sino en aspectos como la coyuntura, los intereses personales de los comandantes o los cambios en los mercados internacionales.