Horas de turbulencia se han presentado entre los antiguos miembros del secretariado de las Farc y la jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que siete antiguos integrantes de la extinta guerrilla enviaran una carta al presidente Gustavo Petro donde señalaron que esta jurisdicción de apartarse de la esencia del pacto firmado en 2016.
En la misiva, los excombatientes advirtieron que de continuar con lo que consideran un incumplimiento por parte de la JEP, ellos y otros cientos de firmantes del acuerdo de paz podrán apartarse de las decisiones judiciales de esa justicia transicional.
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La carta enviada al presidente Petro y en la cual también aplauden la política de “Paz total” del Gobierno Nacional, fue firmada por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra, todos ellos miembros del Partido Comunes.
Según argumentan en la carta, la JEP se ha empeñado en alejarse del espíritu y la letra de los acordado, al hacer una interpretación propia del acuerdo para llevarlo a un terreno judicial punitivista, lo que en su opinión está más cercano al sometimiento a la justicia que a un acuerdo entre dos partes y a un esquema transicional.
De acuerdo con la carta, existe una “apertura interminable de macrocasos que vulneran de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes, lo que podría ocasionar demoras para cumplir con los tiempos para lo que fue diseñada la Jurisdicción Especial para la Paz”.
En el documento, los firmantes también señalan una supuesta vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia por parte de la JEP, al tener la capacidad de expulsar de manera repentina del tribunal a los comparecientes si considera que se han realizado graves incumplimientos a las obligaciones adquiridas para someterse a ese tribunal.
La JEP respondió al exsecretariado
De parte del tribunal, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, respondió a la carta de los exmiembros de las Farc diciendo que los comparecientes deben responder ante la JEP y que reciben dicha carta como una opinión y no como una amenaza al trabajo que realizan.
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“El propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas. La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia”, señaló Vidal.
El magistrado también fue enfático en señalar que a los firmantes del acuerdo de paz no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional, y que por el contrario deben cumplir con sus compromisos ante la JEP.
Finalmente, el magistrado Vidal hizo un llamado a la sociedad, a las víctimas, a los organismos internacionales, a los organismos de control, a las altas cortes, a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Nacional para rodear el Acuerdo de Paz y velar por el respeto y autonomía de la JEP.
