Con esta nueva alerta, la JEP busca que las autoridades legislativas y el Ejecutivo aseguren los recursos que permitan dar cumplimiento a las primeras sentencias de carácter restaurativo.
miércoles, 24 de septiembre de 2025
Con esta nueva alerta, la JEP busca que las autoridades legislativas y el Ejecutivo aseguren los recursos que permitan dar cumplimiento a las primeras sentencias de carácter restaurativo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió al Congreso de la República y al Gobierno del presidente Gustavo Petro una solicitud urgente para garantizar los recursos necesarios que permitan la implementación de las primeras sanciones restaurativas derivadas de los macrocasos 01 y 03, que investigan, respectivamente, los secuestros perpetrados por las extintas Farc-EP y los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.
De acuerdo con el alto tribunal de justicia transicional, el monto requerido para ejecutar estas primeras sanciones propias asciende a 121.858 millones de pesos, cifra que se considera indispensable para garantizar la reparación de las víctimas y el cumplimiento de las medidas ordenadas en las sentencias.
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“Resulta entonces indispensable asegurar la apropiación presupuestal suficiente para estos proyectos, a los que se sumarán otros derivados de sentencias posteriores y de autos que establezcan medidas de contribución a la reparación”, señaló la JEP en un comunicado.
Las iniciativas contempladas en la primera sentencia incluyen programas relacionados con la recuperación ambiental, la memoria histórica y la acción humanitaria. Entre ellos se destacan:
En conjunto, estas medidas representan un total de 35.762 millones de pesos.
Por su parte, los proyectos derivados de la segunda sentencia, correspondiente al macrocaso de la Costa Caribe y el batallón La Popa, alcanzan un valor de 86.096 millones de pesos, lo que eleva el presupuesto requerido a los más de 121.000 millones.
La JEP expresó su preocupación por el hecho de que el Ministerio de Justicia aún no ha iniciado el trámite del decreto de condiciones transversales en materia de seguridad, prevención y protección, considerado fundamental para la ejecución de las sanciones propias. La jurisdicción también reiteró su llamado al cumplimiento de la Circular Externa No. 012 del 28 de febrero de 2025, la cual ordenaba a todas las entidades que integran el Presupuesto General de la Nación incluir en sus anteproyectos los recursos necesarios para la implementación de estas medidas.
Cabe recordar que, el pasado 26 de agosto, el magistrado Eduardo Ramelli anunció el giro inicial de 20.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional para financiar la primera fase de las sanciones. Dichos recursos fueron trasladados a la subcuenta “Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN” del Fondo Colombia en Paz, liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Sin embargo, el togado advirtió que ese monto era apenas un primer paso y resultaba “insuficiente” frente a las necesidades reales.
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En línea con lo expresado por la JEP, la Contraloría General de la República ya había advertido sobre los riesgos fiscales que enfrenta el Estado en el cumplimiento de las sanciones restaurativas. Según el organismo de control, la suma necesaria para garantizar la reparación efectiva de las víctimas y la materialización de los proyectos podría alcanzar los 500.000 millones de pesos, una cifra que multiplica por cuatro la solicitud actual de la jurisdicción.
Con esta nueva alerta, la JEP busca presionar a las autoridades legislativas y al Ejecutivo para que aseguren, en el Presupuesto General de la Nación de 2026, los recursos que permitan dar cumplimiento a las primeras sentencias de carácter restaurativo, consideradas un pilar fundamental del modelo de justicia transicional y del proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.