La JEP concluyó que la Justicia Penal Militar, la Fiscalía, la Procuraduría y otras instituciones “fallaron o resultaron insuficientes para proteger a la población más vulnerable”.
jueves, 20 de noviembre de 2025
La JEP concluyó que la Justicia Penal Militar, la Fiscalía, la Procuraduría y otras instituciones “fallaron o resultaron insuficientes para proteger a la población más vulnerable”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso determinante en el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento del Meta entre 2002 y 2007. En el cierre de la etapa investigativa del caso 03, subcaso Meta —que indaga asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegalmente como bajas en combate—, el tribunal imputó crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos previstos en el Código Penal a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados.
Los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán, figuran entre los principales señalados. Junto a ellos fueron imputados 20 exintegrantes del Batallón de Infantería N.º 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) y siete miembros del Gaula Rural Meta (GAMET).
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Según explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, los procesados deberán responder por 209 asesinatos, 65 de ellos asociados a desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Los hechos fueron catalogados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Una vez reciban la notificación, los comparecientes deberán decidir si aceptan los cargos o avanzan hacia un juicio adversarial dentro del sistema transicional.
Durante la investigación, la Sala de Reconocimiento recopiló testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas, incluyendo a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata; y Luis Arlex Arango Cárdenas, alias Chatarro. Además, se integró información proveniente de los expedientes de Justicia y Paz, consolidando un panorama más amplio de lo ocurrido.
La magistrada Catalina Díaz destacó que los hallazgos permiten confirmar que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón macrocriminal que operó a escala nacional. “El Meta fue uno de los territorios más afectados, pero esta decisión cierra la fase territorial y demuestra que se trató de un patrón que se repitió en múltiples zonas del país”, afirmó.
Díaz explicó que este patrón estuvo asociado a una política que privilegiaba el conteo de bajas como indicador de éxito militar, lo que derivó en presiones internas, competencia entre unidades y, finalmente, la comisión sistemática de ejecuciones extrajudiciales. “La investigación continúa en las máximas responsabilidades dentro del Ejército que permitan explicar la estructura completa del macrocriminal”, añadió.
La JEP determinó que en el Meta existió una alianza funcional entre sectores del Ejército y el Bloque Centauros, basada en tres modalidades: operaciones conjuntas, permisividad frente al accionar paramilitar y presentación de civiles asesinados como supuestos insurgentes dados de baja. A cambio, los paramilitares lograban operar con libertad, especialmente en actividades ligadas al narcotráfico, mientras cometían graves violaciones de derechos humanos.
Sobre la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Sala encontró evidencias de participación en algunas operaciones donde murieron personas posteriormente presentadas como bajas en combate. No obstante, no se hallaron pruebas que demuestren intención criminal por parte de los pilotos o tripulaciones. La hipótesis predominante es que pudieron haber sido engañados sobre la naturaleza de los objetivos.
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El magistrado Ramelli precisó que la posibilidad de encontrar pruebas directas en el futuro no está descartada, pero enfatizó que, por ahora, no existe evidencia que permita imputarles responsabilidad dolosa.
La decisión también llamó la atención sobre fallas estructurales en los sistemas de control civil y militar. La JEP concluyó que la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y otras instituciones “fallaron o resultaron insuficientes para proteger a la población más vulnerable”, lo que permitió la continuidad de los crímenes durante años.
Con esta imputación, el tribunal transicional avanza hacia la fase en la que los comparecientes deberán asumir su responsabilidad o enfrentar un proceso contradictorio. El caso 03 continúa siendo uno de los de mayor impacto nacional por la magnitud de los hechos y el nivel de los oficiales involucrados.
#Atención | La JEP imputa crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos según el Código Penal colombiano a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por ‘falsos positivos’ en Meta. #Caso03
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 20, 2025
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