La JEP reporta 18.677 víctimas acreditadas en el macrocaso 07 por reclutamiento forzado de menores por las Farc. El proceso entra en fase dialógica tras imputaciones por crímenes de guerra.
martes, 3 de marzo de 2026
La JEP reporta 18.677 víctimas acreditadas en el macrocaso 07 por reclutamiento forzado de menores por las Farc. El proceso entra en fase dialógica tras imputaciones por crímenes de guerra.
La magistrada Lily Andrea Rueda Guzman, de la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP), informó que el macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las antiguas FARC-EP, registra 18.677 víctimas acreditadas y entra en una nueva etapa procesal tras la imputación a exintegrantes del secretariado por crímenes de guerra.
En entrevista con La FM, la magistrada explicó que el caso abarca un universo provisional de hechos ocurridos entre 1971 y 2016, periodo en el que se consolidaron patrones de reclutamiento forzado dentro del conflicto armado colombiano.
También puedes leer: Exsecretariado de las Farc reconocen ante la JEP reclutamiento de menores y violencias sexuales durante el conflicto armado
Según datos oficiales de la JEP, más de 11.000 víctimas intervienen actualmente en el trámite judicial, entre ellas cerca de 2.000 acreditadas de manera individual y seis sujetos colectivos étnicos.
La imputación formulada en 2024 contra antiguos miembros del secretariado de las FARC por el delito de reclutamiento forzado como crimen de guerra marcó un punto de inflexión. Tras esa decisión, los comparecientes presentaron una solicitud de perdón y un reconocimiento del daño causado.
Rueda señaló que el proceso entra ahora en una “ruta dialógica”, etapa contemplada en el modelo de justicia transicional que promueve encuentros directos entre responsables y víctimas.
“Las víctimas lo han solicitado desde 2019 para transmitir sus emociones y esperanzas”, afirmó la magistrada.
La ruta dialógica hace parte del procedimiento de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Si los excombatientes aceptan de manera plena su responsabilidad, el proceso puede derivar en una audiencia pública de reconocimiento.
“Para que exista reconocimiento se debe aceptar la responsabilidad, el daño causado y que estos crímenes de guerra no pueden tener perdón judicial”, explicó Rueda.
En caso de que la aceptación sea considerada suficiente, la Sala emitirá una resolución de conclusiones y remitirá el expediente a la sección correspondiente del Tribunal para la Paz, que definirá la sanción restaurativa.
La magistrada reconoció que existe un debate público en torno a la naturaleza de las sanciones restaurativas y las críticas sobre presunta impunidad.
No obstante, sostuvo que antes de la creación de la JEP el fenómeno del reclutamiento forzado estaba subinvestigado en la justicia ordinaria, donde apenas se registraban 380 investigaciones y un número reducido de sentencias.
“Nuestra investigación es robusta y ha develado patrones macrocriminales inéditos”, aseguró.
Añadió que el macrocaso 07 incluye capítulos específicos sobre violencias de género y violencias intrafilas, y que las sanciones deben corresponder a los daños diferenciados identificados en cada situación.
“Las sanciones se construyen también con las víctimas”, enfatizó, al explicar el enfoque restaurativo adoptado por el sistema.
Rueda precisó que la pérdida de beneficios depende de la evaluación que haga la Sala de Reconocimiento sobre la calidad y suficiencia de la aceptación de responsabilidad.
Te puede interesar: Procuraduría no prorroga suspensión del general Juan Miguel Huertas y del subdirector de la DNI investigados por presuntos vínculos con disidencias
Una vez se emita la resolución de conclusiones, el Tribunal para la Paz determinará las sanciones concretas, en el marco de las reglas previstas por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La magistrada subrayó que el proceso judicial no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también aportar verdad sobre el impacto del reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano.
Frente a la inquietud sobre si la ausencia de penas privativas de la libertad podría enviar un mensaje equivocado a otros grupos armados, señaló que el país debe preguntarse si antes de la JEP el fenómeno estaba siendo abordado con eficacia.
Finalmente, indicó que el conocimiento generado en el macrocaso 07 debe servir para analizar la situación actual de la niñez y fortalecer garantías de no repetición.
“No partimos de una base de indiferencia o desconocimiento”, concluyó, al destacar que el proceso ha permitido dimensionar la magnitud de la violencia sufrida por miles de niños y adolescentes durante décadas de conflicto armado en Colombia.