El Caso 08 de la JEP se centra en la responsabilidad de agentes estatales y paramilitares en crímenes cometidos contra civiles, y en particular en regiones como el Magdalena.
El Caso 08 de la JEP se centra en la responsabilidad de agentes estatales y paramilitares en crímenes cometidos contra civiles, y en particular en regiones como el Magdalena.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al exgobernador del Magdalena y líder del partido Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, como víctima de persecución política en el marco del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares.
La decisión judicial se enmarca en los hechos ocurridos en el departamento del Magdalena entre 1996 y 2016, periodo en el que Caicedo asegura haber sido blanco de amenazas, estigmatización y procesos judiciales infundados. En el auto, la JEP habilitó al exmandatario a acceder a diligencias de versión voluntaria y declaraciones juradas dentro del subcaso “Gran Magdalena”, con el fin de consultar los archivos en audio y video.
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Según el documento, los hechos descritos por Caicedo cumplen con los requisitos para ser considerados como parte del patrón de persecución política dentro del conflicto armado. La resolución también le otorga el estatus de víctima acreditada dentro del proceso.
Tras conocerse el auto, Caicedo aseguró que la determinación “reivindica su nombre” y calificó la decisión como un precedente importante para otros ciudadanos que, según él, también han sido víctimas de persecución política. El dirigente político afirmó haber sido blanco de montajes judiciales y campañas de desprestigio durante su gestión como rector de la Universidad del Magdalena (1997–2006), así como en su carrera política posterior.
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“Durante más de dos décadas he sufrido una persecución sistemática que ha dejado cicatrices imborrables en mi vida pública y personal”, afirmó a través de un comunicado. También señaló que este reconocimiento marca “una decisión histórica” y representa un paso hacia la verdad y la reparación en el marco del conflicto armado.
El Caso 08 de la JEP se centra en la responsabilidad de agentes estatales y paramilitares en crímenes cometidos contra civiles, y en particular en regiones como el Magdalena, donde se ha documentado una alta incidencia de violencia política durante el conflicto.