La denuncia de la Superintendencia de salud sobre el acaparamiento de medicamentos por parte de gestores farmacéuticos, (Audifarma), no es solo un reclamo coyuntural: es el síntoma de un sistema de salud colombiano enfermo, diseñado para priorizar el lucro sobre la vida.
Desde la implementación de la Ley 100 en 1993, la salud en Colombia se convirtió en un negocio, donde las EPS intermediaron entre el derecho fundamental a la salud y los intereses económicos de conglomerados farmacéuticos, clínicas privadas y grupos políticos. La reciente crisis de desabastecimiento, lejos de ser un fenómeno aislado, revela una estrategia perversa para sabotear cualquier intento de reforma que amenace sus ganancias.
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Petro no se equivoca al señalar que no hay escasez real, sino un acopio calculado. El hallazgo de medicamentos almacenados en bodegas de Audifarma, mientras pacientes mueren esperando tratamientos, es una metáfora grotesca de un modelo que mercantiliza el sufrimiento. Las EPS, históricamente acusadas de desviar recursos, negar servicios y dilatar procedimientos para maximizar utilidades, hoy parecen aliarse con actores farmacéuticos para crear una narrativa de caos. El objetivo es claro: desprestigiar la reforma a la salud impulsada por el gobierno, perpetuando un sistema que les permite operar con opacidad y sin control.
Este «plan pérfido y asesino», como lo calificó el mandatario, no es nuevo. Durante décadas, se ha normalizado la corrupción en la adjudicación de contratos, la triangulación de medicamentos a precios inflados y la creación de
barreras administrativas para limitar el acceso a servicios. Las farmacéuticas, por su parte, han aprovechado su poder de lobby para influir en políticas públicas, garantizando precios altos y monopolios de patentes, incluso ante medicamentos esenciales. La salud, así, se reduce a un juego de oferta y demanda, donde la vida humana es una variable secundaria.
La manipulación del desabastecimiento no solo busca debilitar la reforma, sino también desviar la atención de prácticas mafiosas arraigadas. ¿Cómo explicar que Colombia, un país con capacidad productiva farmacéutica, dependa de
importaciones y contratos leoninos? ¿Por qué persisten los desfalcos a las arcas públicas, como el escándalo de Saludcoop, sin que haya responsables tras las rejas? La respuesta está en la impunidad estructural que protege a los actores del sistema, muchos de ellos vinculados a élites políticas y económicas que hoy se resisten a perder sus privilegios.
La reforma propuesta por Petro, que busca eliminar la intermediación de las EPS y fortalecer un modelo público, es una amenaza existencial para estos grupos. Por eso, su contraofensiva incluye no solo el acaparamiento, sino una campaña mediática para culpar al gobierno de la crisis que ellos mismos han fabricado. Es una táctica vieja: crear pánico social para justificar la continuidad de un sistema fallido.
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Sin embargo, este episodio debería servir para que la sociedad colombiana exija una depuración total del sistema. No basta con cambiar leyes; hay que desmantelar las redes de corrupción y priorizar la salud como un derecho, no
como un negocio. Mientras las utilidades de unos pocos dependan de la enfermedad de muchos, Colombia seguirá siendo un país donde la vida vale menos que un balance contable. La denuncia de Petro es un primer paso, pero el
verdadero desafío está en transformar un modelo que, por 30 años, ha premiado la avaricia y castigado a los más vulnerables.
Escrito por Yeisson Fabián Rodríguez