Con este fallo, la justicia busca garantizar que Abelardo de la Espriella mantenga un esquema de seguridad acorde con el nivel de riesgo reportado.
viernes, 3 de octubre de 2025
Con este fallo, la justicia busca garantizar que Abelardo de la Espriella mantenga un esquema de seguridad acorde con el nivel de riesgo reportado.
El abogado Abelardo de la Espriella, actual precandidato presidencial, obtuvo una victoria judicial frente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que un juez de la capital ordenara restablecer de manera inmediata las medidas de seguridad que le habían sido retiradas semanas atrás.
La decisión fue tomada por el juez 58 administrativo de Bogotá, Fabián Eduardo Vega Alvarado, quien resolvió una acción de tutela presentada por De la Espriella tras advertir que la UNP había modificado su esquema de protección en septiembre de este año. Según el precandidato, los cambios reducían de manera significativa las garantías para salvaguardar su vida y la de su familia en un momento que calificó como “de alta vulnerabilidad”.
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De acuerdo con la tutela, el pasado 23 de septiembre la UNP dispuso el retiro de cuatro policías y dos motocicletas que hasta entonces acompañaban al precandidato. La medida se adoptó en cumplimiento de una resolución emitida en julio de 2023 y notificada en enero de 2024. Para De la Espriella, la decisión desconocía su situación de riesgo actual y representaba una vulneración directa a sus derechos fundamentales.
En el escrito presentado ante el despacho judicial, el precandidato argumentó que desde el 11 de julio —día en que inscribió oficialmente su aspiración presidencial— han existido alertas concretas sobre amenazas en su contra. Ese día, recordó, la dirección del partido Centro Democrático informó a la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de ofrecimientos de hasta 8.000 millones de pesos por atentar contra su vida y la de otras figuras políticas. Asimismo, se reportaron riesgos para su esposa, Ana Lucía Pineda, según información remitida a la Policía Nacional.
El juez Vega Alvarado coincidió en la gravedad de los hechos expuestos y ordenó dejar sin efectos, por ahora, la resolución que había recortado el esquema. En consecuencia, instruyó a la UNP a reinstalar de inmediato cuatro hombres de protección y un chaleco blindado, elementos considerados esenciales para la seguridad del precandidato y su núcleo familiar.
La decisión también obliga tanto a la UNP como a la Policía Nacional a remitir, en un plazo máximo de dos días, un informe escrito en el que sustenten el cumplimiento de la orden judicial y detallen la reactivación de las medidas de seguridad.
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El caso se suma al creciente debate sobre la protección de líderes políticos en plena antesala de las elecciones presidenciales de 2026. El mismo De la Espriella advirtió en su acción de tutela que, en el contexto actual, no se puede descartar la repetición de episodios violentos contra figuras públicas, evocando el asesinato del también precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido en medio de su campaña.
Con este fallo, la justicia busca garantizar que el precandidato mantenga un esquema de seguridad acorde con el nivel de riesgo reportado, mientras la UNP define de manera estructural y definitiva las medidas que deberá implementar en los próximos meses.
La justicia me da la razón y ordena a la UNP restablecer mi esquema de seguridad, pese a que habían negado haberlo reducido.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 2, 2025
El juzgado fue contundente: se están vulnerando mis derechos a la seguridad, la integridad y la vida, hoy en inminente riesgo por mi rol como aspirante a… pic.twitter.com/rFSuMfTPHI