La Cámara aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones

Como un paso histórico hacia el cumplimiento de una promesa de la Constitución de 1991, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Esta decisión, con 124 votos a favor y 2 en contra, está a punto de concluir con la etapa de conciliación.

La reforma constitucional, que superó sus ocho debates en el Senado y la Cámara, busca reducir las brechas económicas y sociales del país. Representa un avance significativo para fortalecer la autonomía fiscal de las regiones.

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Esta enmienda fue el resultado del consenso entre el Gobierno Nacional, el Congreso, las alcaldías y gobernaciones. Su objetivo es asegurar que los recursos se destinen de manera eficiente a servicios básicos como educación, salud, agua potable, y saneamiento básico.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó la reforma al Sistema General de Participaciones como una de las más importantes desde la Constitución de 1991. Resaltó que, durante los ocho debates, se superaron diferencias y temores sobre la descentralización y la situación fiscal del país.

Actualmente, el sistema transfiere a los entes territoriales el 23,8% de los ingresos corrientes. Con la reforma, estos recibirán el 39,5% de dichos ingresos, en un proceso gradual y con nuevas responsabilidades asignadas.

El ministro Cristo destacó que esta medida refuerza la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo con la Regla Fiscal. Además, busca cerrar brechas territoriales, fortaleciendo la equidad en las regiones más desfavorecidas.

También señaló que este cambio representa un avance en sectores clave como la educación, la salud y el acceso a agua potable. Esta reforma es un paso fundamental para garantizar derechos básicos a los territorios.

Para el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, esta reforma es un verdadero gesto de descentralización. Resaltó que permitirá a las regiones avanzar en sus planes de desarrollo y enfrentar problemáticas en zonas apartadas.

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Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, destacó la importancia de que los recursos lleguen a las regiones. Señaló que desde 1991 se ha buscado este avance, y ahora es una gran oportunidad para el país.

Tras los ocho debates reglamentarios, la iniciativa pasa a conciliación entre las plenarias del Senado y la Cámara. Este proceso ajustará un texto único con lo aprobado en ambas corporaciones.

La reforma establece que solo entrará en vigor cuando el Congreso apruebe la Ley de Competencias entre 2025 y 2026. Esta ley determinará las funciones que el nivel central transferirá a las regiones, con mayores responsabilidades para las entidades territoriales.

El Ministerio del Interior propone construir la Ley de Competencias a través de una mesa técnica con la participación de todos los actores. Contará con el apoyo de organizaciones como la OCDE y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)