Emilio Tapia ha sido procesado en múltiples ocasiones por irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos estatales.
martes, 4 de noviembre de 2025
Emilio Tapia ha sido procesado en múltiples ocasiones por irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos estatales.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una nueva investigación contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, luego de que se conocieran posibles irregularidades en la actuación de esa dependencia en el caso del contratista Emilio José Tapia, condenado por el escándalo de corrupción del consorcio Centros Poblados.
La indagación se originó tras denuncias que señalan presuntas demoras y obstáculos en la ejecución de la orden de captura contra Tapia, quien fue recapturado el pasado 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, más de 20 días después de que el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenara su detención.
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En abril de 2025, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas le concedió a Tapia la libertad condicional, argumentando su buena conducta durante el cumplimiento de su condena. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, cuestionando el criterio del despacho judicial al considerar que el empresario no había demostrado avances suficientes en su proceso de resocialización.
Posteriormente, el 10 de octubre, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó la libertad condicional, al concluir que Tapia no cumplía con los requisitos legales para mantenerla. El fallo ordenó su captura inmediata, pero esta se produjo tres semanas después, lo que encendió las alarmas sobre posibles irregularidades o dilaciones dentro del juzgado de Barranquilla.
La nueva investigación fue activada tras una compulsa de copias remitida por la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, con el objetivo de determinar si existió negligencia o falta disciplinaria por parte de la jueza a cargo del proceso.
De comprobarse irregularidades, se evaluará si las acciones del juzgado contribuyeron al retraso en la recaptura de Tapia, quien cumple una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco de más de 70 mil millones de pesos del contrato de conectividad rural del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Esta no es la primera actuación disciplinaria contra la funcionaria judicial. El 22 de septiembre, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico anunció la apertura de una investigación formal contra la jueza, luego de identificar presuntas irregularidades en la resolución del 11 de abril de 2025, en la que se concedió la libertad condicional a Tapia.
De acuerdo con documentos oficiales, el proceso disciplinario había sido iniciado desde mayo, tras una compulsa de copias emitida por la presidencia de la Comisión Seccional el 22 de abril. En septiembre, el expediente fue ampliado para incluir el análisis de la presunta demora en la resolución del recurso de apelación presentado por la Procuraduría.
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Emilio Tapia, conocido como el “zar de la contratación”, fue uno de los principales implicados en el escándalo de Centros Poblados, un caso de corrupción que involucró el desvío de recursos públicos destinados a llevar internet a zonas rurales del país.
El contratista ha sido procesado en múltiples ocasiones por irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos estatales. Su caso se convirtió en símbolo de las deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de los procesos de contratación pública en Colombia.
Con la apertura de esta nueva investigación disciplinaria, la Comisión de Disciplina Judicial busca establecer si existió falta de diligencia o favorecimiento indebido en el manejo del proceso por parte del Juzgado de Barranquilla, así como determinar las responsabilidades individuales que pudieron derivarse de la tardía recaptura del empresario.