La COP29 podría terminar sin un acuerdo a la vista

La principal fuente de tensión en la COP29 es la falta de acuerdo sobre cómo se financiará la lucha contra el cambio climático. Países en desarrollo exigen garantías de financiamiento sin aumentar su deuda pública, mientras que las naciones desarrolladas prefieren destinar recursos a los países más vulnerables.

La financiación prometida aún está lejos de lo requerido, especialmente para el Fondo de Pérdidas y Daños. En ese sentido, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum ha propuesto utilizar el 1% del gasto militar en un fondo para apoyar la reforestación. La propuesta no ha recibido mucha acogida.

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Azerbaiyán, como anfitrión y exportador de combustibles fósiles, ha defendido su rol en la economía global. Esto contrasta con las demandas de los países más vulnerables y activistas, quienes piden una eliminación progresiva de los combustibles fósiles, dificultando la negociación. Existe mundialmente una polarización alrededor del tema de la transición energética, en especial en países productores de crudo.

La asignación de responsabilidades sigue siendo un punto de fricción en la COP29. Países en desarrollo reclaman que las naciones industrializadas asuman mayores compromisos debido a su histórica contribución al calentamiento global. Esta falta de consenso obstaculiza la definición de metas concretas. Países como Estados Unidos y China, no han sido muy receptivos para asumir sus responsabilidades relacionadas con la problemática del cambio climático.

Simultáneamente a la COP29, la reunión del G20 ha generado incertidumbre sobre el compromiso de las principales economías. Se espera que envíen señales claras de financiamiento climático, pero la prioridad en temas económicos podría afectar las negociaciones. La propia polarización ideológica en la cumbre, ha generado discrepancias sobre los compromisos. En especial, con el ascenso de gobernantes negacionistas del cambio climático.

Las propuestas sobre mercados de carbono y compensaciones generan escepticismo. Algunos países y activistas consideran que estas soluciones benefician más a las grandes corporaciones que a los países en desarrollo, sin reducir realmente las emisiones. Aunque algunas comunidades se han beneficiado, muchas empresas se han «lavado las manos» a través de estos bonos.

Expertos y exlíderes de la ONU han cuestionado la eficacia del sistema actual, sugiriendo una revisión profunda del proceso. Argumentan que los países anfitriones deben demostrar un alto compromiso con la transición energética. El liderazgo de Azerbaiyán ha sido cuestionado debido a su dependencia de los combustibles fósiles. Algunos críticos temen que esto influya en las negociaciones y debilite el compromiso global hacia la descarbonización.

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La revisión de compromisos nacionales, derivada del Balance Global, ha mostrado que los esfuerzos actuales son insuficientes para limitar el calentamiento a 1.5°C. Esta evaluación presiona a los países para que intensifiquen sus compromisos, generando resistencias. En medio de la discusión la temperatura global de la superficie (GST, por sus siglas en inglés) sigue aumentando.

Países en desarrollo han pedido mayor transparencia en cómo se distribuirán los fondos. También exigen mecanismos que eviten la burocracia y aseguren que el dinero llegue a las comunidades más afectadas.

El tiempo se agota para alcanzar las metas de reducción de emisiones. Expertos insisten en la necesidad de acuerdos inmediatos que aseguren una acción climática rápida, pero la falta de consenso retrasa decisiones clave.