La Corte Suprema de Estados Unidos declara que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles bajo la IEEPA, limitando el uso de poderes de emergencia para gravámenes comerciales y generando impacto en el comercio internacional.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes (20-02-2026) que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una decisión que reconfigura el alcance del poder ejecutivo en materia comercial y diplomática.
El fallo, adoptado por seis votos contra tres en un tribunal de mayoría conservadora, establece que la IEEPA “no autoriza al presidente a imponer aranceles”, bloqueando así una de las principales herramientas que Trump había utilizado para avanzar su agenda económica y de política exterior.
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En su sentencia, el máximo tribunal subrayó que si el Congreso hubiera querido conferir al presidente la potestad “distinta y extraordinaria” de imponer aranceles mediante la IEEPA, lo habría hecho de manera explícita, como ha ocurrido en otras leyes arancelarias.
La decisión delimita con claridad el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma diseñada originalmente para permitir al Ejecutivo responder a amenazas inusuales y extraordinarias desde el exterior, pero que no menciona expresamente la facultad de establecer gravámenes comerciales generalizados.
De esta forma, la Corte refuerza la interpretación de que la política arancelaria corresponde primordialmente al Congreso, salvo delegaciones específicas y claramente definidas.
El fallo se refiere específicamente a los aranceles “recíprocos” anunciados por Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, que afectaban a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos bajo el argumento de equilibrar déficits y responder a prácticas consideradas desleales.
No obstante, la sentencia no alcanza a los aranceles sectoriales aplicados a industrias específicas —como automóvil, acero o aluminio— que se sustentan en otros marcos legales.
Esto significa que parte de la arquitectura arancelaria construida durante el primer mandato de Trump (2017-2021) permanece intacta, mientras que los gravámenes más amplios, fundamentados en poderes de emergencia, quedan bloqueados.
Durante su primera presidencia, Trump utilizó los aranceles como herramienta de presión en negociaciones comerciales internacionales. Al retornar al poder en enero de 2025, anunció de inmediato que recurriría a la IEEPA para imponer nuevos gravámenes de alcance casi global.
Además de los aranceles con justificación estrictamente comercial, la Casa Blanca estableció tarifas especiales contra socios estratégicos como:
Estos gravámenes fueron presentados como respuesta a los flujos de drogas ilícitas y a la inmigración irregular, ampliando el uso de instrumentos comerciales a ámbitos tradicionalmente vinculados con la seguridad nacional y la política migratoria.
La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores, que ya habían considerado ilegales los aranceles impuestos bajo la IEEPA.
En mayo, un tribunal comercial de primera instancia concluyó que el presidente se había extralimitado en su autoridad al establecer gravámenes generalizados y bloqueó la entrada en vigor de la mayoría de ellos. Sin embargo, ese fallo había quedado en suspenso mientras el gobierno apelaba.
Con la resolución definitiva del máximo tribunal, el margen de acción del Ejecutivo queda formalmente restringido, cerrando la puerta al uso amplio de poderes de emergencia para reconfigurar la política arancelaria sin respaldo legislativo específico.
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La sentencia tiene implicaciones de amplio alcance:
Analistas señalan que el fallo podría estabilizar parcialmente el comercio global, que había experimentado volatilidad tras los anuncios de nuevos gravámenes en 2025. Al mismo tiempo, obliga a la administración Trump a rediseñar su estrategia comercial dentro de los límites legales establecidos por el Poder Judicial.
Más allá del impacto económico inmediato, la decisión establece un precedente clave sobre el uso de poderes de emergencia en Estados Unidos. El mensaje del alto tribunal es claro: las facultades excepcionales del Ejecutivo no pueden extenderse a ámbitos que el Congreso no haya delegado de forma explícita.
En un contexto de tensiones comerciales, disputas geopolíticas y debates sobre seguridad nacional, el fallo reafirma el papel de la Corte Suprema como árbitro último en la delimitación del poder presidencial.
La batalla política y económica en torno a los aranceles, sin embargo, está lejos de concluir. Ahora el foco se traslada al Congreso, que deberá decidir si respalda o no una ampliación formal de las facultades comerciales del Ejecutivo.