La JEP abrió una investigación formal contra el Gral (r). Mario Montoya por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia a comienzos de los años 2000, un caso que señala al excomandante del Ejército como uno de los principales impulsores de esta práctica
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió formalizar una investigación contra el general (r) Mario Montoya Uribe por su presunta responsabilidad en al menos 141 ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el oriente del departamento de Antioquia, ocurridos entre 2002 y 2003, cuando estuvo al mando de la IV Brigada del Ejército Nacional. Esta decisión se tomó después de más de un año de análisis en la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción.
Te puede interesar: La JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por 72 ejecuciones extrajudiciales
La decisión de la JEP, adoptada con auto del 23 de diciembre de 2025, cambió el estatus judicial de Montoya: de ser un compareciente con posibles beneficios judiciales por cooperación pasó a estar expuesto a una acusación penal ordinaria dentro de la jurisdicción, con posibilidad de enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión si se prueba su responsabilidad.
Los llamados falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales de civiles —personas que no participaban en hostilidades ni eran combatientes— presentadas falsamente como bajas en combate para inflar resultados operativos del Ejército. Estos hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra al ocultar el homicidio de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El fenómeno de los falsos positivos se intensificó en Colombia en las primeras décadas del siglo XXI, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y la implementación de estrategias de seguridad que privilegiaron indicadores cuantitativos de resultados, como el número de “muertos en combate”, para medir el éxito de las operaciones militares en el marco del conflicto armado.
El departamento de Antioquia concentra una proporción significativa de los casos investigados por la JEP: de las 6.402 víctimas identificadas en el Caso 03 (falsos positivos), más de 1.600 ocurrieron en esa región y más de 500 en el oriente antioqueño, lo que refleja cómo este territorio se constituyó en un foco geográfico clave del fenómeno.
La JEP ha documentado que, durante su mando de la IV Brigada entre 2002 y 2003, Montoya promovió una “lógica operacional” que privilegiaba la presentación de muertos en combate sobre cualquier otro resultado, como capturas o incautaciones. Ese criterio operacional fue impuesto como el principal indicador de éxito de la fuerza, generando incentivos para incrementar el número de bajas reportadas.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ha encontrado que Montoya y los comandantes subordinados ejercieron presión constante sobre las unidades tácticas mediante programas radiales internos y otros mecanismos de comunicación, incentivando verbalmente y organizativamente la obtención de “bajas” a cualquier costo.
El patrón identificado por la JEP no fue resultado de actos aislados, sino de una política sistémica de conteo de cuerpos que desincentivaba otros resultados como capturas y que expuso deliberadamente a la población civil al uso descontrolado de la fuerza militar, como parte de la lógica de maximización de muertos.
Uno de los casos emblemáticos en el expediente es el asesinato de Franklin de Jesús Gómez —una persona con discapacidad intelectual—, presentado falsamente como guerrillero muerto en combate en 2003. La JEP ha señalado que estos hechos se produjeron mediante manipulación de escenas, desplazamiento de cuerpos y presentación de información falsa a medios y autoridades.
Montoya rechazó en octubre de 2024 reconocer su responsabilidad ante la JEP, lo que le hizo perder la posibilidad de recibir sanciones restaurativas con restricciones de libertad y lo expuso al sistema punitivo ordinario de la jurisdicción. Esta negativa ha sido fundamental para que el caso avance hacia una fase de investigación adversarial más rigurosa.
Antes de la apertura formal de la investigación penal, la JEP ya había imputado a Montoya y a otros ocho militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del Subcaso Antioquia I, por las ejecuciones presentadas falsamente como bajas entre 2002 y 2003, así como por presionar para que no se reportaran capturas, lo cual formó parte del patrón criminal investigado.
Te puede interesar: JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 militares, incluidos tres generales retirados, por ejecuciones extrajudiciales en Meta
La investigación contra Montoya representa uno de los procesos más significativos de la JEP, pues lleva ante la justicia transicional a uno de los oficiales de más alto rango implicados en el fenómeno de los falsos positivos. El desarrollo de este proceso —incluyendo el posible juicio y eventual sanción penal— tiene implicaciones relevantes para la memoria histórica, la verdad judicial y la responsabilidad de los mandos militares en crímenes de Estado.