La JEP documentó masacres, asesinatos selectivos, amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y la exhibición pública de cuerpos torturados.
martes, 9 de diciembre de 2025
La JEP documentó masacres, asesinatos selectivos, amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y la exhibición pública de cuerpos torturados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las extintas Farc, 21 comparecientes de la Fuerza Pública y cinco terceros civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.
La decisión fue adoptada en el marco del Caso 04 y marca un hito en el modelo de justicia transicional, al tratarse de la primera imputación conjunta contra los tres actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, Fuerza Pública y civiles vinculados a dinámicas económicas que se beneficiaron del conflicto armado, en particular proyectos de ganadería extensiva y agroindustria asociados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC).
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En su auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad señaló que Urabá se consolidó como un escenario de confluencia de múltiples actores armados y como un “laboratorio de prácticas de guerra”. A partir del análisis del contexto, la magistratura identificó tres grandes patrones macrocriminales: la eliminación sistemática de personas señaladas como “enemigo”; el vaciamiento del territorio para facilitar el despojo y posterior repoblamiento, con participación de fuerza pública, paramilitares y civiles; y el control sociocultural de la población mediante la cooptación de estructuras comunitarias y restricciones a libertades fundamentales.
La Sala atribuyó además responsabilidad a exintegrantes de las Farc por hechos de violencia basada en género y agresiones contra mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas. El auto documenta también los impactos diferenciados que estas violencias tuvieron sobre pueblos indígenas Emberá Dóbida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Guna Dule, Wounaan y Zenú, así como sobre comunidades negras y afrocolombianas del Urabá, el Bajo Atrato y el Darién.
Para sustentar las imputaciones, la JEP contrastó 115 informes de organizaciones sociales, entidades estatales, pueblos étnicos y organizaciones de víctimas; 287 expedientes judiciales; 32 testimonios; análisis de contexto elaborados por equipos técnicos y múltiples observaciones presentadas por las víctimas. A este acervo se sumó la información entregada por 808 solicitantes de acreditación individual y 131 sujetos colectivos.
La Sala llevó a cabo 56 diligencias dialógicas y ejercicios de coordinación intercultural, consolidando información proveniente de más de 53.800 personas acreditadas. En total, la JEP reconoció 54.600 víctimas en el Caso 04. Además, 157 comparecientes rindieron versiones voluntarias en 254 sesiones, las cuales fueron contrastadas para identificar patrones criminales y sus impactos territoriales.
Entre los exintegrantes de las Farc imputados figuran antiguos mandos y responsables regionales, mientras que, por parte de la Fuerza Pública, fueron vinculados oficiales de alto rango, entre ellos generales y brigadieres en retiro, así como coroneles y suboficiales. Algunos de estos militares también enfrentan procesos por el exterminio de la Unión Patriótica y por presuntos vínculos con estructuras paramilitares.
La JEP imputó igualmente a cinco civiles, exdirectivos y asesores del Fondo Ganadero de Córdoba, a quienes atribuyó un papel central en el despojo y la apropiación ilegal de tierras. Según la Sala, el FGC, como entidad de economía mixta, fue utilizado para facilitar la compra masiva de predios en contextos de violencia, desplazamiento forzado y expulsión sistemática de comunidades campesinas.
Uno de los casos emblemáticos citados es el de la región de Tulapas, en municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, donde al menos 150 familias fueron desplazadas para consolidar una “reserva estratégica” destinada a proyectos agroindustriales y a una visión geoestratégica de desarrollo impulsada por estos actores.
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El auto judicial concluye que la violencia prolongada dejó daños profundos e intangibles en la población, incluyendo afectaciones emocionales, psicológicas, morales y físicas, así como rupturas severas de los proyectos de vida individuales y comunitarios. La JEP documentó masacres, asesinatos selectivos, amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y la exhibición pública de cuerpos torturados como mecanismos de terror y control social.
Entre los hechos más graves esclarecidos se encuentra la masacre de Pueblo Bello, ocurrida en enero de 1990, y la tragedia de Bojayá en mayo de 2002, cuando el impacto de un cilindro bomba lanzado por las Farc sobre una iglesia causó la muerte de 98 civiles, la mayoría afrodescendientes, incluidos decenas de menores de edad.
La Sala también estableció la actuación sistemática del paramilitarismo en Urabá desde mediados de los años ochenta y su articulación con sectores de la fuerza pública, gremios ganaderos, actores empresariales y redes políticas regionales. Según la magistratura, estas alianzas facilitaron desplazamientos masivos y reconfiguraciones territoriales para dar paso a proyectos extractivos y agroindustriales.
Los 34 comparecientes imputados tendrán ahora 60 días hábiles para aceptar o rechazar las conductas atribuidas. Una vez concluido ese plazo, la JEP evaluará si existen reconocimientos plenos de verdad, condición necesaria para avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y la eventual imposición de sanciones propias del sistema transicional.
#Atención | La JEP imputa como máximos responsables a ocho comparecientes de las Farc-EP, 21 comparecientes de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes en Urabá, en el marco del #Caso04.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 9, 2025
Sigue el anuncio de esta importante decisión:https://t.co/ReSDZG83ZM