La JEP cerró 2025 como la entidad del sector justicia con mayor ejecución presupuestal en Colombia, según Hacienda y la Contraloría. El año marcó hitos judiciales con sus primeras sentencias restaurativas y avances en verdad y reparación a las víctimas del conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó este viernes 6 de febrero su rendición de cuentas correspondiente a 2025, año en el que se consolidó como la entidad del sector justicia con el mayor nivel de ejecución presupuestal en Colombia, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
Según los informes, la JEP alcanzó un 99,3 % de ejecución del presupuesto asignado, el más alto entre las entidades del Sistema Integral para la Paz y uno de los mejores resultados dentro de los 32 sectores que conforman el Presupuesto General de la Nación.
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Durante 2025, la JEP recibió 777.069 millones de pesos, lo que representó un incremento cercano a 105.000 millones frente a los recursos asignados en 2024. De ese total:
Las auditorías concluyeron que los recursos fueron ejecutados casi en su totalidad y conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, sin hallazgos administrativos, fiscales ni penales.
La entidad informó que los recursos permitieron fortalecer la participación de las víctimas y el desarrollo de los procesos judiciales. Entre los principales resultados se destacan:
Como parte del mandato de búsqueda y verdad, la JEP ordenó 44 exhumaciones, con apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas acciones permitieron la entrega digna de los restos de 147 víctimas del conflicto armado interno.
Además, se desarrollaron 363 actividades de participación ciudadana, reforzando el enfoque restaurativo y de centralidad de las víctimas establecido en el Acuerdo de Paz de 2016.
Más allá del balance financiero, 2025 fue un año decisivo para la justicia transicional. La JEP emitió sus dos primeras sentencias restaurativas, dirigidas contra máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La primera, conocida el 16 de septiembre, impuso ocho años de sanciones propias —restricciones de derechos y trabajos restaurativos— a siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, responsables de más de 21.000 secuestros. La decisión aún no está en firme debido a recursos de apelación presentados por víctimas y comparecientes.
Dos días después, el 18 de septiembre, la JEP sancionó a 12 exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar, por 135 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, cometidos contra víctimas campesinas, indígenas y afrodescendientes en Cesar y La Guajira.
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Como resultado de un proceso adversarial liderado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el Tribunal para la Paz condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa.
El oficial fue hallado culpable de su participación en el asesinato de 72 civiles inocentes, luego de no aceptar su responsabilidad como máximo responsable de la política de falsos positivos en el Caribe colombiano.
Para la Contraloría General, los avances judiciales y operativos de la JEP reflejan un uso adecuado de los recursos públicos. En su informe anual, el ente de control resaltó que la jurisdicción alcanzó un 91,46 % de reconocimiento de verdad, basado en el análisis de más de 2,3 millones de hechos y la recepción de más de 2.000 versiones voluntarias.
Aunque sectores de víctimas han expresado inconformidad con el alcance de algunas decisiones, el organismo de control concluyó que la JEP ha consolidado herramientas clave para el cumplimiento de los objetivos de verdad, justicia, reparación y no repetición.