El Ejecutivo de Estados Unidos ha sostenido que las operaciones forman parte de una estrategia antinarcóticos y antiterrorista.
viernes, 31 de octubre de 2025
El Ejecutivo de Estados Unidos ha sostenido que las operaciones forman parte de una estrategia antinarcóticos y antiterrorista.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acusó este viernes (31-10-2025) al Gobierno de Estados Unidos de haber violado el derecho internacional con sus recientes ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones que Washington ha vinculado con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado emitido desde Ginebra. Según datos recabados por la organización, más de sesenta personas han muerto como resultado de las operaciones militares estadounidenses.
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Türk pidió a Washington poner fin de inmediato a estos ataques y adoptar todas las medidas necesarias “para evitar ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”. El alto comisionado también informó que ha transmitido oficialmente su posición al Gobierno estadounidense.
El Ejecutivo de Estados Unidos ha sostenido que las operaciones forman parte de una estrategia antinarcóticos y antiterrorista, y que se amparan en el derecho internacional humanitario, aplicable —según su interpretación— únicamente en contextos de conflicto armado.
Sin embargo, la ONU rechaza este argumento y considera que no existe ningún conflicto armado que justifique la aplicación de esas normas. En consecuencia, el organismo subraya que deben prevalecer las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, no las del derecho de guerra.
En declaraciones complementarias, la portavoz del ACNUDH, Ravina Shamdasani, explicó que las acciones militares estadounidenses “representan una violación del derecho a la vida” y constituyen, según la legislación internacional, “ejecuciones extrajudiciales”.
“De acuerdo con la escasa información proporcionada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente que justificara el uso letal de la fuerza”, añadió Shamdasani.
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La ONU instó a que los ataques sean investigados de forma rápida, independiente y transparente, subrayando que la responsabilidad de hacerlo recae en las instancias judiciales de Estados Unidos. Türk recalcó que la apertura de estas investigaciones no es una opción política, sino una obligación jurídica derivada de los compromisos internacionales asumidos por Washington.
El alto comisionado reconoció la gravedad de la amenaza del narcotráfico, pero insistió en que las respuestas deben ceñirse a la legalidad internacional, incluidos los tratados multilaterales contra las drogas de los que Estados Unidos es parte.
“El combate al tráfico ilícito de drogas debe llevarse a cabo mediante métodos policiales y judiciales, como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos, no mediante el uso indiscriminado de la fuerza militar”, puntualizó Türk.