La Unión Europea acuerda nuevas sanciones contra Irán por la represión de protestas y su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. El bloque avanza hacia la posible designación de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra Irán, en respuesta a la violenta represión de las protestas antigubernamentales y al respaldo continuado de Teherán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
Según información de la agencia alemana DPA, alrededor de 30 personas y entidades se verán directamente afectadas por estas medidas restrictivas. Los nombres de los sancionados serán publicados en los próximos días en el Diario Oficial de la Unión Europea, una vez completados los procedimientos legales.
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Las nuevas sanciones de la UE contra Irán se producen en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en el país. De acuerdo con estimaciones de organizaciones independientes de derechos humanos, miles de personas han muerto durante los recientes disturbios violentos. Algunos ministros de Exteriores europeos llegaron a mencionar este jueves cifras de hasta 30.000 víctimas mortales.
Además, se han registrado decenas de miles de arrestos, en muchos casos sin garantías procesales. Para limitar la difusión de información sobre las manifestaciones y el número real de víctimas, las autoridades iraníes impusieron hace semanas una censura generalizada sobre las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet, dificultando el trabajo de periodistas y observadores internacionales.
El nuevo paquete de sanciones contempla varias medidas clave. Entre ellas destacan la congelación de activos de las personas y entidades sancionadas dentro del territorio de la Unión Europea, así como la prohibición a ciudadanos y empresas europeas de proporcionarles fondos o recursos económicos.
Asimismo, se aplicarán prohibiciones de entrada y tránsito en el espacio comunitario para los individuos incluidos en la lista negra. Paralelamente, la UE ampliará el catálogo de bienes y tecnologías cuya exportación a Irán queda vetada, reforzando así el régimen de restricciones comerciales ya existente.
El acuerdo sobre las sanciones fue adoptado sin debate formal durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas. No obstante, la atención política se centró en otro asunto de alto calado: la posible clasificación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte de la UE.
Tras un cambio de postura de Francia, que durante años había mostrado reticencias, se esperaba que este mismo jueves se anunciara un acuerdo de principio sobre dicha designación, que requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros.
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, subrayó la urgencia de esta medida y calificó a los dirigentes iraníes como un “régimen injusto”. A su juicio, la magnitud de la violencia —incluyendo palizas, torturas, encarcelamientos y ejecuciones— obliga a la Unión Europea, como comunidad basada en valores, a reaccionar con firmeza.
Por su parte, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que existe consenso político para incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, lo que la situaría al mismo nivel que grupos como Al Qaeda, Hamás o el Estado Islámico (ISIS).
Ante las críticas a esta posible decisión, Kallas recalcó que la comunicación diplomática con Irán continuará. “Los canales de diálogo con el ministro de Asuntos Exteriores iraní permanecerán abiertos”, aseguró, subrayando que la presión política y las sanciones no excluyen el uso de la diplomacia.
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Expertos comunitarios consideran que la designación del CGRI como grupo terrorista tendría un alto valor simbólico, aunque su impacto práctico sería limitado. Desde hace más de una década, las sanciones europeas ya prohíben a la Guardia Revolucionaria y a sus miembros recibir fondos o recursos económicos, además de obligar a la congelación de sus activos en territorio europeo.
La Guardia Revolucionaria fue creada tras la Revolución Islámica de 1979 con el objetivo de proteger el sistema clerical chií. Desde entonces, ha acumulado un poder considerable en Irán, controlando amplios sectores de la economía, influyendo decisivamente en las fuerzas armadas y desempeñando un papel central en el programa nuclear iraní, especialmente en áreas de seguridad, investigación y desarrollo.
Con este nuevo paquete de sanciones, la Unión Europea refuerza su presión sobre Teherán, enviando una señal política clara en defensa de los derechos humanos y del orden internacional basado en normas.