Cientos de personas de las comunidades Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras marcharon hasta la plaza de Bolívar para visibilizar sus demandas históricas.
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Cientos de personas de las comunidades Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras marcharon hasta la plaza de Bolívar para visibilizar sus demandas históricas.
El Primer Encuentro Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, fue llevado a cabo en Bogotá. En el, quienes participaron visibilizaron sus demandas frente al Estado colombiano. Entre sus principales exigencias están la implementación efectiva de la Ley 70 de 1993 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. Estos son elementos cruciales para proteger sus territorios y derechos colectivos. A pesar de que estas normativas han sido aprobadas, su aplicación ha sido limitada y en ocasiones contradictoria. Lo que ha perpetuando problemas de violencia y desplazamiento en las comunidades afrocolombianas.
La movilización, que terminó en la Plaza de Bolívar, fue una plataforma para recordar las deudas históricas del Estado hacia estas comunidades. Aunque la Ley 70 garantiza la propiedad colectiva de tierras para comunidades negras, su aplicación ha sido mínima en tres décadas. Además, el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, que reconoce los impactos desproporcionados del conflicto armado en las comunidades afro e indígenas, no ha logrado una implementación plena, lo que ha generado descontento.
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También reclamaron la invisibilización de las comunidades afro en algunas regiones como los Llanos Orientales, un fenómeno que continúa marginando a estas poblaciones. La movilización fue una oportunidad para que líderesas y líderes afrocolombianos, exijan un reconocimiento más equitativo y acciones concretas por parte del Gobierno nacional.
Los manifestantes demandan no solo la implementación de leyes existentes, sino también mayor inversión en sus territorios para satisfacer necesidades básicas insatisfechas. Las comunidades afirman que la falta de atención a sus territorios ha perpetuado la crisis humanitaria y la violencia que enfrentan.
Desde el 8 de octubre, personas de diversas regiones como el Pacífico, Orinoquía, Caribe e islas se reunieron en la Universidad Nacional, donde acamparon antes de la marcha del 9 de octubre. Las autoridades universitarias permitieron el uso del campus, considerando el evento como un espacio de diálogo social.
La directivas universitarias indicaron que facilitar estos espacios es parte de su misión de promover la interacción y el diálogo con la sociedad. En un momento algunos medios indicaron que grupos criminales se habían tomado el campus. Por esta razón por la cual las directivas universitarias tuvieron que aclarar la situación tras este hecho de desinformación.
Quienes lideraron la marcha dejaron claro que su objetivo no era confrontar al actual gobierno, sino reclamar derechos fundamentales y dignidad para sus comunidades. La movilización buscó terminar con el racismo estructural y promover la inclusión en todos los niveles de la sociedad colombiana.
Uno de los principales logros de la Ley 70 fue el reconocimiento de derechos diferenciales para afrocolombianos, particularmente en la titulación de tierras colectivas. Sin embargo, la implementación incompleta de esta ley ha dejado a muchas comunidades sin acceso pleno a sus tierras, exacerbando los problemas de desplazamiento forzado.
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El Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz fue diseñado para mitigar el impacto del conflicto en las comunidades afrocolombianas. Pero su implementación ha sido simbólica y carece de un enfoque real hacia la reparación étnica. La lentitud en su ejecución ha sido fuente de frustración para los afrocolombianos, quienes sienten que sus demandas no están siendo atendidas.
Las y los participantes del encuentro insistieron en que el acceso a la educación, oportunidades laborales y la eliminación de la discriminación siguen siendo prioridades. Las comunidades afrocolombianas enfrentan no solo la violencia en sus territorios. También enfrentan la discriminación en las ciudades, donde sufren persecución y racismo por parte de las fuerzas de seguridad y la sociedad.