Uno de los puntos más controvertidos es la restricción en la publicación de encuestas en Colombia por un periodo de tres meses.
jueves, 10 de julio de 2025
Uno de los puntos más controvertidos es la restricción en la publicación de encuestas en Colombia por un periodo de tres meses.
El Congreso de la República dejó en firme un proyecto de ley que redefine las reglas para la elaboración, publicación y supervisión de encuestas políticas en el país. La iniciativa, que ahora está a la espera de la sanción presidencial, introduce cambios significativos que han generado preocupación en distintos sectores académicos y políticos.
Uno de los puntos más controvertidos es la restricción en la publicación de encuestas. La ley limita su difusión a un periodo de tres meses antes del inicio de las inscripciones de candidaturas, una medida que, según expertos, obstaculiza el seguimiento continuo de la opinión pública y puede restringir el debate democrático.
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La norma también otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) un rol central en el control del proceso: el organismo no solo regulará y auditará las encuestas, sino que también tendrá la potestad de sancionar y custodiar la información recolectada. Críticos advierten que el CNE actuaría como juez y parte, sin que existan mecanismos claros para apelar sus decisiones ni lineamientos técnicos transparentes para sus auditorías.
Además, las empresas encuestadoras estarán obligadas a entregar al CNE grabaciones, formularios y números telefónicos de los encuestados, lo que implicará la adopción de medidas avanzadas de ciberseguridad. La filtración o pérdida de esta información podría conllevar sanciones, aumentando la presión sobre las firmas del sector.
Otro punto que ha generado inquietud es la posibilidad de que las encuestas sean anuladas automáticamente por incumplimientos formales, como errores en el orden de las preguntas o la falta de firma de los responsables del estudio. Esta disposición, alertan algunos analistas, podría abrir la puerta a impugnaciones estratégicas o ser utilizada como herramienta de censura indirecta.
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Particular preocupación ha despertado el artículo 11 de la ley, que contempla sanciones penales por violación de las llamadas “leyes de la estadística”, un concepto que no tiene definición jurídica en la legislación colombiana. Esto, según organizaciones técnicas, podría llevar a la judicialización de errores metodológicos comunes, como fallas en el muestreo o desviaciones operativas.
A pesar de las críticas, el proyecto fue aprobado con el respaldo de congresistas de distintas bancadas, lo que sus impulsores han calificado como un “acuerdo nacional” en torno a la necesidad de fortalecer la transparencia en los estudios de opinión.