lunes, 4 de agosto de 2025

Más de 5.000 personas confinadas por confrontaciones en el sur de Bolívar

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la emergencia en el sur de Bolívar e instó a los grupos armados las cesar acciones.

Una grave crisis humanitaria afecta desde hace casi dos semanas a las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el sur de Bolívar, donde al menos 5.000 personas permanecen confinadas por el accionar de grupos armados ilegales.

La situación se concentra en los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista, donde los habitantes enfrentan restricciones severas para movilizarse, acceder a alimentos, medicinas, combustibles y servicios de salud. El confinamiento es producto del paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia del Clan del Golfo en la región.

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Además de las restricciones, la comunidad ha denunciado el secuestro de al menos cuatro personas, lo que ha incrementado el miedo y la tensión en estos territorios históricamente afectados por el conflicto.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la emergencia e instó a los grupos armados a cesar acciones que pongan en riesgo a la población civil. “Esta emergencia humanitaria requiere una respuesta coordinada y urgente por parte del Estado”, afirmó la entidad, que pidió a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades locales intervenir de forma inmediata.

Como parte de los esfuerzos para aliviar la situación, se conformó una comisión de ocho líderes comunitarios que estableció contacto inicial con los actores armados. En una primera reunión se acordaron medidas mínimas, como permitir que los habitantes bajen una vez por semana en motocicleta a abastecerse de alimentos.

No obstante, sigue prohibida la circulación de vehículos con carga o combustible. “Si ven carros cargados o con gasolina, los van a quemar”, advirtió uno de los líderes, que pidió reserva de su identidad por seguridad.

En el caso de urgencias médicas, se estableció un protocolo especial con permisos firmados por las juntas de acción comunal, pero el trámite es limitado y puede retrasar atenciones críticas.

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La comunidad espera que los diálogos permitan avanzar hacia condiciones mínimas de normalidad, mientras organizaciones humanitarias y autoridades insisten en la necesidad de una intervención estatal urgente y sostenida.

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