Más de medio billón de pesos de proyectos de renovación urbana siguen sin ejecutarse en Bogotá: fiducias, las grandes beneficiadas

La gestión de RenoBo fue duramente cuestionada en un debate de control político en el Concejo de Bogotá, citado por el concejal del Partido de la U Rubén Torrado, que reveló que esta empresa, encargada de la renovación urbana de la capital del país, no está cumpliendo sus metas de ejecución y está favoreciendo a los privados, evadiendo presuntamente la Ley 80 de contratación.

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El cabildante encendió las alarmas por la no ejecución de miles de millones de pesos de recursos públicos de los bogotanos destinados a varios proyectos y planes parciales, que son entregados por RenoBo a fiducias privadas y no son ejecutados, pero que sí representan anualmente millonarias ganancias para quienes administran los dineros.

“Según un informe de la Contraloría de Bogotá, a julio de 2025 había más de $591.000 millones depositados solo en negocios fiduciarios. Mientras tanto, las fiducias sí trabajan esos recursos y generan rendimientos financieros para ellos y las obras paradas”, explicó Torrado.

A su vez, mostró preocupación porque una de las responsabilidades más importantes que tenía para 2025 esta empresa, era la construcción de más de 2.000 viviendas entre VIS y VIP, pero a unos días de terminar al año no se ha hecho ninguna.

“Este año tenían la meta de promover 2.200. ¿Saben cuántas habían reportado a octubre?: cero. Ni una sola solución de vivienda promovida. Tienen la plata y no la gastan. Mientras tanto, en Bogotá hay más de 200.000 familias que anhelan una vivienda digna”, añadió.

Pero las irregularidades no paran ahí, también dio a conocer otro preocupante hallazgo fiscal de la Contraloría Distrital, que alerta que más de $10.000 millones ha perdido Bogotá por vender predios públicos por debajo del valor del avalúo comercial y en algunos casos por debajo del avalúo catastral.

“En Usme se vendió un lote por más de $1.000 millones por debajo del precio comercial; el predio Eduardo Umaña, cerca del Concejo, se entregó $4.800 millones por debajo del precio comercial; y en San Cristóbal, el predio Villa Javier se vendió con una pérdida de $4.600 millones, en este caso por debajo del valor catastral. Tres casos distintos con el mismo ganador; Triada S.A.S., y un enorme detrimento para la ciudad generado por RenoBo”, agregó Torrado.

Por otro lado, alertó que el nuevo edificio del Centro Administrativo Distrital, el CAD 2, que busca reunir a todas las entidades del Distrito en un solo lugar, será insuficiente para albergar las secretarías y funcionarios, luego de que se cambiaran las condiciones y el sitio donde inicialmente se iba a hacer, así como los metros cuadrados del mismo y la fecha de entrada en funcionamiento, que fue aplazada para 2031.

“El nuevo CAD, que inicialmente debía alojar a 10.600 funcionarios en 98.000 m², terminó completamente estancado. Con el Decreto 644 de 2023 el proyecto se redujo a menos de la mitad —45.000 m² o incluso menos de área útil— y hoy ni siquiera existe una proyección clara sobre cuántas entidades o funcionarios podrá recibir”, destacó.

Asimismo, mostró preocupación por diferentes proyectos de RenoBo, que en muchos casos están a cargos de la constructora Las Galias, y que están llenos de retrasos, prórrogas y adiciones a las fiducias, contratistas cuestionables seleccionados a dedo, y procedimientos burocráticos que impiden que avancen. Dentro de ellos mencionó el Voto Nacional, que se compone del Distrito Creativo Bronx, la Alcaldía Local de los Mártires y el Centro de Talento Creativo – Sena; los equipamientos sociales del Cable Aéreo San Cristóbal; San Bernardo Tercer Milenio; proyecto de vivienda VIS Las Cruces; proyecto Usme Idipron 2; La Palestina en Bosa y la Actuación Estratégica la Sevillana.

Finalmente, el concejal Rubén Torrado señaló un patrón de gastos injustificados en RenoBo: donde existen asesores con honorarios de hasta 26 millones mensuales; patrocinios y actividades sin impacto real que cuestan millones de pesos; pagos por charlas sin resultados verificables; y la compra de camionetas por más de $185 millones, cada una sin los soportes exigidos.

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“Estos hechos demuestran que la gerencia de RenoBo no está cumpliendo su misión pública y que la entidad se ha convertido en un comodín para intereses privados, mientras los recursos de la ciudad se diluyen sin beneficio para los bogotanos. Pido a los órganos de control: Personería de Bogotá, Contraloría Distrital y Veeduría Distrital, que tomen en serio estas denuncias y actúen”, concluyó.