Este jueves se conmemoran 23 años de la masacre de El Aro, perpetrada por grupos paramilitares entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997. Allí fueron torturados y asesinados 15 campesinos, mientras que otros fueron forzados por días a arrear ganado robado.
En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) condenó al Estado colombiano tanto por la masacre de El Aro como por la masacre de La Granja, ocurrida meses atrás.
El hecho ocurrió meses después de otra matanza: la de cuatro personas en el corregimiento de La Granja, el 11 de junio de 2016, en medio de una caldeada situación de orden público y a pesar de las denuncias públicas que hizo el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo por el incremento de la violencia paramilitar en la zona.
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La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) en 2006 correspondía a una serie de órdenes para atender a la población que todavía; algunas todavía están en veremos
Por ejemplo, ordenó dar tomar todas las acciones necesarias para garantizar el regreso de los habitantes a El Aro, que salieron desplazados por la masacre. Y si esto no fuere posible, dar condiciones de estabilidad social en algún otro lugar. Se trata de al menos 500 personas, pero hoy las familias de las víctimas se encuentran en Medellín, Puerto Valdivia, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, pero no en El Aro. Allí solo regresaron unas pocas personas.
“Los hechos fueron terroríficos. Hay personas que, hoy en día no han regresado desde que pasó y ni piensan ni quieren ir porque las huellas y el daño psicológico que dejó la masacre es impresionante”, dijo María Victoria Fallón, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), que lleva los procesos judiciales por ambas masacres.
“Muchísimas mujeres fueron violadas. A la gente no le dejaban recoger sus muertos”, agregó.
Tampoco ha sido posible llegar a un acuerdo para poder realizar el acto de perdón que ordenó el organismo internacional. En un principio, antes de 2010, porque los familiares de las víctimas de El Aro y La Granja no deseaban recibirlo por falta de garantías y medidas. Luego, durante el gobierno de Álvaro Uribe (indagado preliminarmente por los hechos) hubo desacuerdos porque de manera unilateral se hizo una placa conmemorativa por El Aro que no decía que las 15 víctimas habían sido asesinadas, sino que “habían muerto”.
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Solo fue posible avanzar al respecto, durante el segundo gobierno Santos, con Guillermo Rivera como interlocutor, para hacer una nueva placa y el acto público pero la situación de orden público lo impidió.
