En un hecho sin precedente, México escogerá a sus jueces y magistrados a través de la elección popular.
lunes, 2 de junio de 2025
En un hecho sin precedente, México escogerá a sus jueces y magistrados a través de la elección popular.
El 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral sin precedentes al elegir por primera vez, mediante voto directo, a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esta elección forma parte de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, con el objetivo de democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción y el nepotismo.
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En esta primera fase, se someterán a votación 881 cargos federales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de distrito. Los ministros electos tendrán mandatos de ocho a once años, dependiendo de los votos obtenidos, mientras que jueces y magistrados ejercerán por nueve años, con posibilidad de reelección.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta desafíos significativos en la organización de estos comicios, debido a recortes presupuestales del 50% y limitaciones de tiempo. A pesar de ello, logró instalar más de 84,000 casillas y garantizar los insumos para más de 90 millones de votantes.
La elección también incluye la renovación de 486 magistraturas, entre ellas dos en la Sala Superior del TEPJF, 15 en las Salas Regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial y 464 magistraturas de circuito. Estas magistraturas desempeñan funciones clave en la resolución de controversias electorales y en la supervisión del comportamiento ético del personal judicial.
La reforma judicial establece que los candidatos deben ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, mayores de 30 años, con título en derecho y experiencia profesional mínima de cinco años. Además, se creó el Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar su desempeño y sancionar faltas, junto con evaluaciones periódicas para asegurar su competencia técnica y ética.
Sin embargo, la elección ha generado controversia. Críticos argumentan que la designación de jueces mediante voto popular podría poner en riesgo la integridad del sistema de justicia, debido a la falta de experiencia de algunos candidatos y a la posibilidad de politización del Poder Judicial.
Además, la oposición ha promovido el abstencionismo en protesta por la reforma, y se teme que la participación ciudadana sea baja, lo que representaría un fracaso político para el gobierno. El gobierno de Claudia Sheinbaum aspira a lograr al menos un 20% de participación ciudadana.
El escrutinio de votos se llevará a cabo del 1 al 10 de junio, con resultados oficiales anunciados el 15 de junio. Las posibles impugnaciones deberán resolverse antes del 28 de agosto, y el 1 de septiembre, los nuevos funcionarios tomarán protesta ante el Senado.
La reforma también contempla cambios en la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), reduciendo el número de ministros de 11 a 9, y estableciendo que la presidencia se asignará por votación popular cada dos años. Los ministros actuales que no resulten electos no tendrán pensión vitalicia.
En el ámbito local, varios estados, como Tlaxcala, Estado de México y Aguascalientes, también llevarán a cabo elecciones judiciales para renovar sus respectivos poderes judiciales, en consonancia con la reforma federal. Estas elecciones locales buscan armonizar el marco constitucional con el modelo de justicia establecido por la reforma.
A pesar de los desafíos y controversias, esta elección representa un hito en la historia democrática de México, posicionándolo como un pionero en la democratización de su sistema judicial. El proceso será observado de cerca por otros países interesados en reformas similares.
El éxito o fracaso de esta reforma dependerá en gran medida de la participación ciudadana y de la capacidad del sistema para garantizar la independencia y competencia de los nuevos funcionarios judiciales. La implementación de mecanismos de evaluación y supervisión será crucial para mantener la confianza en el Poder Judicial.
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La elección judicial del 1 de junio de 2025 marca un cambio significativo en la forma en que México selecciona a sus jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Sin embargo, su éxito dependerá de la participación ciudadana, la calidad de los candidatos electos y la capacidad del sistema para mantener la independencia judicial.