martes, 27 de enero de 2026

Ministerio de Defensa y Superintendencia de Sociedades refuerzan alianza contra la corrupción y el lavado de activos

El Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Sociedades firmaron un memorando para fortalecer la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, con intercambio de información y control institucional.

El Ministerio de Defensa Nacional dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en Colombia con la firma de un memorando de entendimiento junto a la Superintendencia de Sociedades, un acuerdo orientado a robustecer el intercambio de información, la articulación institucional y el desarrollo de capacidades conjuntas para prevenir delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la captación ilegal de recursos del público.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para reforzar la transparencia, legalidad e integridad en el uso de los recursos públicos, especialmente en sectores sensibles para la seguridad nacional.

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Prevención del lavado de activos y control en sectores estratégicos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que uno de los ejes centrales del acuerdo está enfocado en la protección de la vida y la mitigación de riesgos asociados a actividades ilícitas.

“Este memorando nos permite recomendar la aplicación de medidas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, particularmente a las empresas que comercializan drones, un sector estratégico que requiere controles estrictos”, señaló el funcionario.

Según el Ministerio, el uso indebido de tecnologías como los drones representa un riesgo creciente para la seguridad, por lo que se busca fortalecer los mecanismos de supervisión y control desde el ámbito empresarial.

Articulación interinstitucional para fortalecer la legalidad

Por su parte, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que el acuerdo constituye un ejemplo de cómo debe operar el servicio público articulado.

“Este mecanismo nos permite no solo intercambiar información y experiencias institucionales, sino también construir capacidades conjuntas para la prevención de riesgos complejos como la corrupción, el lavado de activos y la captación ilegal de recursos”, afirmó.

Escobar subrayó que la Superintendencia pone al servicio del país su experiencia técnica en supervisión empresarial, control societario y gestión del riesgo, con el objetivo de apoyar al Ministerio de Defensa en el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento, transparencia e integridad.

Avances del Sector Defensa en transparencia e integridad

El memorando se suma a una serie de acciones que el Sector Defensa ha venido implementando en materia de prevención y control de la corrupción, entre las que se destacan:

  • La implementación del sistema de alertas en contratación “Helios”, orientado a detectar riesgos tempranos.
  • Proyectos de debida diligencia en el Ejército Nacional y el Grupo Social y Empresarial de la Defensa.
  • La creación de la Junta de Acción contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Estas herramientas buscan fortalecer la trazabilidad, el control interno y la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.

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Resultados operacionales contra la corrupción

En el balance presentado por las autoridades, se destacan importantes resultados en la lucha contra este flagelo:

  • La Policía Nacional puso en marcha el Modelo Anticipativo de Intervención contra la Corrupción (MAIC 2), enfocado en la detección temprana de riesgos.
  • La línea 157 se consolidó como el único canal del Sector Defensa para recibir denuncias por corrupción, con 28.335 llamadas atendidas.
  • De estas comunicaciones se derivaron 206 casos por presunta corrupción, de los cuales 126 cuentan con noticia criminal confirmada.

Según el reporte oficial, estos procesos representan riesgos por más de 530.578 millones de pesos, actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Este nuevo acuerdo interinstitucional busca consolidar una respuesta coordinada del Estado frente a las redes de corrupción y los delitos financieros, fortaleciendo la confianza ciudadana y la protección de los recursos públicos en Colombia.

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